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Mario Patrón

Tlatlaya: justicia incompleta, verdad soslayada

Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ...





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30 de junio de 2015

 Colaboración especial

En abril del año 2014, el relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, presentó su informe tras visitar México. No había ocurrido entonces la masacre de Tlatlaya; sin embargo, las conclusiones y recomendaciones del relator señalaron aspectos que de haber sido atendidos, habrían evitado hechos tan aberrantes como los ahí ocurridos.

En su informe, el relator dijo: “Los problemas de la protección del derecho a la vida en México se deben a diversos factores, entre ellos, las deficiencias del sistema jurídico, el aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico, la falta de disposición o de capacidad de la policía y los fiscales para iniciar investigaciones, la desconfianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial y la falta de rendición de cuentas por las violaciones cometidas […] es imperativo disminuir la participación del Ejército en las actividades policiales; velar por que los militares acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles y no militares; y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno”.

En párrafos posteriores de su informe, el relator advirtió también sobre los riesgos asociados a la preponderancia del enfoque militar en las políticas de seguridad. Desde su perspectiva, el principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, contemplando el uso de la fuerza como último recurso. No sorprende, por tanto, que el relator haya visto en Tlatlaya una situación paradigmática de sus más vívidas preocupaciones: el 24 de agosto de 2014, una vez que empezó a conocerse lo que en verdad había ocurrido, el mismo relator instó a una investigación eficaz sobre los hechos.

En el transcurrir de estos meses, la masacre de Tlatlaya ha sido analizada por múltiples instancias. La CNDH emitió la recomendación 51/2014, la PGR consignó a siete militares por diversos delitos y el Grupo de Trabajo Plural de la Cámara de Diputados emitió su informe. Sin embargo, a un año todavía no se garantiza la justicia completa. Ni los deudos ni la sociedad conocen, conforme a los alcances del derecho a la verdad, las razones por las que un grupo de militares ejecutó a personas que ya tenía bajo su resguardo. Tampoco se han establecido las medidas de control y rendición de cuentas que garanticen la no repetición de hechos similares. Esto último resulta indispensable, pues después de Tlatlaya se han conocido públicamente al menos tres denuncias sobre posibles ejecuciones, en los casos de Apatzingán, Tanhuato y Tamazula.

En este contexto, el jueves 2 de julio a las 11 horas, el Centro Prodh, acompañado por connotados y connotadas representantes de la sociedad civil organizada, presentará ante la opinión pública un informe sobre los pendientes en materia de justicia, verdad y reparaciones del caso Tlatlaya. Se trata de un recuento construido a partir de la información a la que ha accedido el Centro Prodh al representar y acompañar a una de las testigos sobrevivientes de la masacre. Entre otras cosas, el informe mostrará que el caso aún no ha sido resuelto y que aún es largo el camino para identificar y procesar a todos los responsables.

La exigencia de justicia en el caso Tlatlaya persiste en buena medida por el empeño de los deudos y de la sociedad, y no por la exigencia del estamento militar, ámbito del que provino el fallido intento inicial de encubrir los hechos. Es desde la sociedad también, con aportes como el que publicará el Centro Prodh este jueves, que se sostiene la demanda de garantías de no repetición, a fin de que en México se frene de una vez por todas el incremento en las ejecuciones que hemos presenciado en los últimos años.

Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez



Editorial EL UNIVERSAL Intelligent scissors


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