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Editorial EL UNIVERSAL

A la cárcel, por indígena

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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13 de abril de 2015

La discriminación que todos conocemos se da en la calle, en la vida cotidiana. Pero la que más daña es la cometida por las instituciones del Estado porque son esas las entidades que deberían proteger a los sectores vulnerables de la sociedad, los indígenas entre ellos.

En lo que va de la actual administración federal, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con su equipo jurídico, ha logrado excarcelar a 2 mil 773 indígenas injustamente acusados de los 8 mil 558 que había desde el año 2013.

“Los jueces juzgan a quien se le haga más fácil culpar, desgraciadamente eso nos hemos encontrado en la mayoría de los casos. Es lo que estamos buscando cambiar con las diferentes estancias y que reconozcan a nuestro padrón de abogados indígenas traductores como peritos para que puedan estar asesorando en un caso y que no se cometan injusticias”, dice en entrevista Nuvia Mayorga, directora del CDI.

La historia mexicana está plagada de ejemplos de lo anterior. Dos han sido particularmente conocidos, el del profesor Alberto Patishtán, quien fue acusado de participar en una emboscada contra policías, así como el de una vendedora de mercado, Jacinta Francisco Marcial, señalada por la PGR por el secuestro de seis agentes federales. En ambos expedientes, de por sí absurdos por la descripción que hizo el Ministerio Público, las instancias judiciales se empecinaron en cumplir con una sentencia, a pesar de la inexistencia de pruebas. Fue gracias al escándalo que los dos salieron libres, no por la acción redentora de las instituciones justicia.

El riesgo de ser encarcelado sin prueba alguna es alto en México. Más de un especialista comparte la idea de que si un ciudadano en este país no está en prisión es sólo porque a ninguno de sus enemigos se le ha ocurrido acusarlo de algo. En ese contexto, ¿por qué brindar atención a un grupo social cuando todos corren peligro de ser imputados sin sustento? La razón es simple: porque los indígenas ni siquiera tienen la posibilidad de denunciar, por sí mismos, la comisión de una injusticia. Muchos de ellos no hablan español por lo que requieren la asistencia de un traductor. En el país hay apenas 24 delegaciones del CDI para atender a este sector.

En cada uno de los casos en los que se logró la liberación de indígenas presos, hay una historia de injusticia, reconoce la autoridad. Muchos estuvieron privados de su libertad desde 50 días hasta más de tres años.

Después de más de 500 años de la llegada de los españoles a Mesoamérica, todavía se trata en este país a millones de personas como extranjeros en su propia tierra.



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