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Jacqueline Peschard

La sociedad civil responde

Doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Ex consejera electoral del Instituto Federal Electoral (IFE). Es profesora e investi ...

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23 de marzo de 2015

A Carmen Aristegui y su equipo

A seis meses de la tragedia de Ayotzinapa, las respuestas del gobierno para enfrentar la corrupción y la impunidad son débiles e insuficientes. El decálogo propuesto en noviembre para atacar la violencia y la inseguridad y las ocho acciones ejecutivas de febrero pasado para atender los problemas de corrupción palidecen frente a la gravedad de los problemas que nos aquejan.

Resulta ingenuo, cuando menos, pensar que la resquebrajada confianza ciudadana en nuestras instituciones puede regenerarse con la instrucción de que se rindan informes sobre los avances de las reformas estructurales, ignorando que a la descomposición política se han agregado los datos del estancamiento económico. Además, siguen aflorando denuncias que vienen desde el exterior sobre desviación de recursos públicos durante la campaña presidencial de 2012 y hay muestras de falta de sensibilidad del gobierno frente a una sociedad agraviada y con escasas perspectivas de mejora. Así lo denotó el despliegue mediático de los excesos de la familia presidencial en la gira londinense.

En este contexto desalentador, es relevante la convocatoria lanzada por un conjunto de organizaciones sociales para intervenir en el debate público y diseñar una agenda civil de incidencia ante la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos. La propuesta denominada “La sociedad civil responde” que se lanzará el próximo 26 de marzo, justo a medio año de Ayotzinapa, busca contribuir a edificar soluciones de fondo a esos que hoy son los grandes problemas nacionales.

El proyecto quiere generar un espacio de reflexión y deliberación, desde la perspectiva de la sociedad civil, sobre la irresponsabilidad de los servidores públicos, la utilización privada de los bienes públicos, la pérdida de legitimidad de las instituciones y su impacto nocivo sobre el tejido social y las relaciones entre la sociedad y el poder, para comprender bien las raíces de las fallas estructurales.

La idea clave de los convocantes, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, es que los problemas estructurales demandan medidas de gran calado. Es por ello que se quiere abordar los temas centrales, para que desde la deliberación seria y bien documentada, elaborar una agenda mínima conjunta entre organizaciones de derechos humanos y de transparencia y combate a la corrupción. Dicha agenda permitirá generar propuestas alternativas en distintos rubros de política pública, desde reformas legislativas, rediseño institucional y desarrollo de acciones concretas. Está claro que se trata de un proyecto de acción estratégica.

Con mucha frecuencia se considera que las organizaciones de la sociedad civil sólo están ahí para denunciar airadamente las deficiencias de los gobiernos y para exigir respuestas a sus demandas, sin asumir responsabilidades para armar las soluciones a los problemas. En efecto, son activistas, orientadas a identificar fallas y desviaciones en el quehacer gubernamental y a presionar a las autoridades para que las corrijan, pero se responsabilizan ante la gravedad de las circunstancias que vivimos para contribuir a crear correcciones de fondo.

La propuesta de abrir y conjuntar los esfuerzos de una variedad de organizaciones sociales se centra en aprender las lecciones de experiencias exitosas en otros países que han atravesado por circunstancias semejantes a las nuestras. Es un ejercicio de política comparada, encaminado a lanzar un conjunto de acciones para atacar nuestra crisis de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Este planteamiento no sólo debe de ser bienvenido por nuestros gobernantes, sino que debe ser aprovechado para desplegar un esquema de trabajo que hoy es obligatorio: el de colaboración entre sociedad y gobierno, para lograr un objetivo genuinamente común.

Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com



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