aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Editorial EL UNIVERSAL

Robo en gasolineras

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





EDITORIALES ANTERIORES

Escucha al autor

18 de marzo de 2015

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó en 2014 mil 800 revisiones a gasolineras de todo el país. En 70% de los casos encontró anomalías o resistencias a la inspección. El robo de combustible y alteraciones en el sistema de despacho de combustible son algunas de las fallas más comunes. Entre 2005 y 2010 tres de cada 10 gasolineras presentaban alguna falla. Ahora, de cada 10 verificaciones sólo en tres no hubo irregularidades.

Hay dos posibilidades. O ahora la revisión es más exhaustiva y permite detectar anomalías antes permitidas o no detectadas, o el robo de combustible en gasolineras aumentó mucho apenas en los últimos cinco años. Podría ser ambas cosas: en el periodo 2005-2010 la norma dictaba que se despachaba producto incompleto cuando hacían falta al menos 300 mililitros por cada muestra de 20 litros; en cambio, la norma actual redujo ese valor a 100 mililitros.

Se mejoró la ley y recientemente el Congreso aumentó también las penas para que el delito sea considerado grave. Pero como muchas otras transgresiones a la legislación, el problema no es tanto la severidad de la sanción sino la efectividad del gobierno para encontrar a los culpables de romperla.

¿Cómo explicar que el engaño persista si en 2014 la Profeco halló irregularidades en mil 27 gasolineras, de mil 800 operativos realizados? Significa esto que la dependencia federal, pese a la posibilidad de imponer sanciones económicas de hasta dos millones de pesos, en realidad no lo hace con la frecuencia suficiente.

En otros países las empresas son extremadamente cuidadosas con sus clientes. Una falla puede costarles demandas por millones de dólares; han tenido que pagar fortunas en muchas ocasiones. En México, en cambio, un flagrante engaño de parte de un proveedor de servicios queda impune con todo y sanción gubernamental.

Aun en los casos en que las sanciones se dictan, no siempre se cumplen. Así lo ha dicho la propia procuradora del consumidor, Lorena Martínez, pues aunque Profeco emite multas a los proveedores de productos y servicios, éstas quedan sin efecto ante la inacción de las autoridades locales. La primera tarea entonces de las instancias federales tendría que ser exhibir la complicidad entre funcionarios locales y dueños de gasolineras.

Penas más severas van y vienen. El talón de Aquiles de los defraudadores no es ese, sino la transparencia sobre sus precios y sus servicios. A partir del momento en que las sanciones de Profeco sean efectivas —y vigilantes los consumidores— por sí mismas las empresas se darán cuenta que la ganancia del engaño no paga lo suficiente.



EDITORIAL ANTERIOR Robo en gasolineras
Editorial EL UNIVERSAL Reviving the SFP


PUBLICIDAD