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Porfirio Muñoz Ledo

La corriente democrática

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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22 de noviembre de 2014

Hace casi tres decenios un grupo de mexicanos emprendimos la tarea de denunciar las graves desviaciones del gobierno, de demandar un cambio de rumbo y de otorgar plena libertad a los ciudadanos para elegir a sus gobernantes.

El país vivía agobiado por las presiones externas y el enorme peso de sus deudas, injusticias y rezagos. Pese a todo, una ciudadanía ignorada enarbolaba su espíritu combativo y se rebelaba frente a un sistema sostenido en la manipulación y el entreguismo.

Tuvimos la virtud de desnudar la verdad y la fortuna de compartirla. La sociedad despertó del escepticismo, inundó calles y plazas, pero le arrebataron la victoria y cancelaron por un tiempo su porvenir.

Era menester encontrar en la participación democrática la guía de una estabilidad verdadera en la que se asentara el desarrollo del país. Ese fue nuestro mensaje que hoy mantiene en plenitud su vigencia. A pesar de los inmensos fraudes cometidos, ensayamos nuevas formas de organización política y la mayor parte mantuvimos rectitud en la conducta y en la palabra.

Empeñamos incontables esfuerzos en una transición democrática a través de reformas legales, que por infortunio han naufragado en la complicidad y en la metástasis de la corrupción. El cambio que habíamos diseñado sucumbió a los golpes del hurto y de la ignorancia, hasta terminar por último abortándolo. De un sistema de partido hegemónico transitamos a un régimen hegemónico de partidos incapaz de devolver al pueblo sus derechos soberanos. Caímos, finalmente, en las trampas del neoliberalismo que habíamos bregado por extirpar.

Un ciclo histórico está por completarse. El país no resiste más la permanencia de este régimen autoritario y de esta economía disolvente. Las vías convencionales para la acción política están agotadas, la soberanía nacional rematada y la miseria del pueblo sin horizontes.

Las principales decisiones han sido trasladadas al extranjero y determinan, como en el caso del remate de los hidrocarburos, la frontal violación de los principios fundamentales de la Constitución. La Suprema Corte cancela a los ciudadanos su facultad inalienable de revisar las disposiciones adoptadas por los Poderes de la Unión. Colocan al pueblo en estado de indefensión.

Lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa es un acontecimiento emblemático de extrema gravedad. El estúpido agravio contra nuestros jóvenes ha encontrado un repudio inánime de la sociedad y calcinado lo más intimo de la conciencia mundial. Asistimos a la descomposición del cuerpo social, a la disolución de los referentes colectivos, a la impotencia de los ciudadanos y a la pérdida de la identidad nacional forjada durante siglos.

La cruel y omnipresente violencia es fruto de la podredumbre de las instituciones. Hay que reconstruirlas desde su raíz. No se trata sólo de un cambio de personas sino de un nuevo marco jurídico y una nueva moral pública.

La encrucijada es evidente: entre el endurecimiento del régimen y el ejercicio cabal de la soberanía popular. La primera declaración de derechos en la historia, reconoció la resistencia a la opresión que, en nuestra tradición constitucional, significa que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que éste tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Es necesario un acto supremo de la conciencia nacional para reconstruir la vida pública del país y llevar a cabo un ajuste de cuentas con su pasado.

La sociedad clama el destierro definitivo de la impunidad y la supremacía de la justicia sin cortapisas por hechos que han lastimado el corazón mismo de la nación. Hemos insistido en la oportunidad que ofrece el centenario de la Constitución de 1917 para lanzar la iniciativa de una nueva Constitución: coherente, unitaria, justiciera: a la altura de nuestro tiempo.

El renacimiento de la nación demanda un nuevo pacto social entre los mexicanos, lo que implicaría la depuración en profundidad de las prácticas y cuerpos políticos del país. Significaría también la emergencia de una nueva generación en la conducción de los asuntos públicos. Comenzar a tejer una historia distinta para construir una patria nueva.

Comisionado para la reforma política del Distrito Federal



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Editorial EL UNIVERSAL The tragedy of teen pregnancy


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