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Gerardo Esquivel

Más que un conflicto de interés



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21 de noviembre de 2014

Los servidores públicos mexicanos suelen negar la existencia de conflictos de interés, esa situación en la que el interés privado puede afectar las decisiones de un funcionario en detrimento del interés público. Suelen considerar que si a ellos no les causa conflicto entonces no es un conflicto de interés. Y no es así, el conflicto de interés está bien definido y tipificado en la ley. De hecho, este tema se menciona en la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece cuáles son sus obligaciones (énfasis propio):

“Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar , aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones (…), que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público (…) y que implique intereses en conflicto.”

El caso más reciente es el que alude al Presidente en relación a la casa de su esposa, Angélica Rivera. La casa de la señora Rivera fue construida y aún es propiedad de una empresa contratista del gobierno, lo que revela una relación que podría influir en el ánimo del Presidente, quien tiene capacidad de decidir sobre aspectos vinculados a dicha empresa. El conflicto de interés es entonces evidente y es algo que, de entrada, debió de haber sido evitado. Sin embargo, es probable que el problema sea aun más grave que eso. Esto es así porque desde 2009, cuando empezó la relación inmobiliaria mencionada, la empresa propietaria de la casa (Grupo HIGA) ha recibido numerosos contratos de gobiernos encabezados por Peña Nieto, tanto en su calidad de gobernador como de Presidente. En ese sentido, el conflicto de interés deja de ser potencial y pasa a ser real, e inclusive podría vincularse directamente con temas de corrupción y/o cohecho (ver Código Penal, artículo 222).

Y es que el tema nos lleva a preguntarnos no sólo sobre las motivaciones que pudieron dar lugar a dicha transacción inmobiliaria, sino también a las condiciones en las que se dio ésta. ¿Por qué una compañía decide crear una empresa inmobiliaria para comprar el terreno que uno quiere (convenientemente localizado atrás de mi otra casa), construye una casa al gusto y con el arquitecto que uno elige, y al final, y sólo al final, nos la vende sin enganche (así es, sin enganche), con tres años de gracia de pago al capital y con una tasa de interés preferencial (9% vs. 11%, que era el promedio del mercado)?

El Presidente y su esposa pretenden hacernos creer que deshaciéndose de la casa se resuelve el problema. No es así. Si acaso, lo hace más evidente. De acuerdo al contrato dado a conocer, de 2012 a 2014 la señora Rivera sólo ha pagado intereses, de tal manera que el valor actual del adeudo es el mismo del acuerdo original, es decir, 54 millones de pesos (mdp). La casa recientemente fue valuada de manera independiente en 86 mdp. Supongamos que la señora Rivera la vende en un precio intermedio: 70 mdp. Con esos recursos, la señora Rivera podría pagar su adeudo pendiente y obtendría una ganancia inmediata de 16 mdp (no debe mezclarse esto con los 14 mdp que ya ha desembolsado la señora Rivera, ya que la mayor parte de eso sería apenas lo que correspondería pagar por el usufructo de la casa). Así, esta ganancia se derivaría estrictamente de las ventajosas condiciones del arreglo original, lo que parece apoyar la idea de que el Presidente y su familia se beneficiaron de una relación con una empresa que a su vez ha obtenido enormes ganancias vía numerosos contratos públicos. ¿Quid pro quo?

Por lo anterior, es necesaria la creación de una fiscalía especial que investigue al Presidente y sus relaciones con un grupo empresarial que ha recibido numerosos contratos gubernamentales. Mientras esto no se aclare, y a pesar del video de la señora Rivera y de la declaración patrimonial del Presidente, la sombra de la duda sobre una posible corrupción e intercambio de favores entre una empresa privada y el Presidente seguirán allí.

Economista.
@esquivelgerardo
gesquive@colmex.mx



Editorial EL UNIVERSAL “Reinventing” the country


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