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Mara Hernández Estrada

Pidamos Búsqueda, Verdad y Justicia primero; Acuerdo, luego vemos...

* Profesora-Investigadora en la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, experta en negociación, deliberación y resolución de conflictos ...





07 de noviembre de 2014

Se adelanta el Presidente Enrique Peña proponiendo un gran Acuerdo Nacional que huele a otro Pacto de élite cuyo valor entiende sólo la élite, como acto casi-reflejo para salir de la crisis en la que nos ha sumido Ayotzinapa. No es la forma ni el momento por varias razones.

Primero, el Presidente encabeza la convocatoria a este acuerdo con un profundo déficit de confianza y la indignación generalizada de la ciudadanía. En este momento, el gobierno federal tendría que concentrar toda su energía en cumplir con los compromisos que asumió el miércoles pasado --empezando por encontrar a los desaparecidos-- , mostrarse sensible y acompañar a las víctimas. Es anti-climático pretender sumar voluntades en torno a nuevos compromisos, sin haber avanzado sustancialmente en dar respuesta a los familiares y compañeros de los 43 normalistas.

Segundo, con el acuerdo en torno al Pacto por México se conformó una sólida coalición tripartita que hizo posible profundas reformas constitucionales, pero que a la vez fortaleció el manto de impunidad y complicidad que cubre a la clase política de nuestro país, y que redujo a la oposición político-partidista a su mínima expresión. Fue este manto el que cobijó a los Abarca desde la anterior administración y sigue cobijando a infinidad de funcionarios y representante populares corruptos de ayer y hoy. Frente a esta coyuntura, otro acuerdo remite al Pacto y, por lo tanto, a más impunidad. La lógica del Pacto se ha convertido en la zona de confort de la clase política. Sería muy peligroso pretender afrontar la crisis actual desde esa comodidad.

Tercero, los mexicanos no hemos acabado de comprender a fondo las causas estructurales de la tragedia de Ayotzinapa. Tenemos distintas hipótesis. Algunas son complementarias, como las que apuntan al crimen organizado y las que apuntan al Estado. Otras son contradictorias, como las que lo reducen a un episodio local y las que hablan de una crisis nacional. En medio de esta torre de babel, es imposible que emerja una agenda de consenso o una intensión compartida sobre las acciones o reformas que se deben emprender para evitar que se repitan los hechos. Un Acuerdo en este contexto no puede pretender ser mucho más que una simulación de quienes ven amenazado el orden que les favorece.

Las primeras dos razones son obstáculos de peso y suficientes para calificar la declaración presidencial como precipitada. Pero son de carácter más bien coyuntural y con voluntad política podrían quizá remontarse. Es la tercer la que se antoja difícil remontar en el mediano plazo.

Un entendimiento común sobre lo que sucedió en Ayotzinapa sólo puede ser producto de la deliberación pública, y la deliberación sólo puede darse sobre la presunción de buena fe. Desafortunadamente, pocos mexicanos confían en que sus actuales gobernantes participan en la discusión pública de buena fe. Sin importar el partido o la trayectoria personal, nuestra desconfianza se ha vuelto crónica.

Un gran acuerdo que de manera legítima nos permita transitar la crisis que estamos viviendo sólo puede emerger de un ejercicio de construcción de verdad confiable, basado en lo mejor de las prácticas internacionales en Comisiones de Verdad y Justicia, capacidad de investigación y deliberación pública. Es por ello que diversos académicos y líderes de sociedad civil hemos propuesto, entre otras cosas, la instalación de una Comisión de Verdad y Justicia, conformada por expertos internacionales y nacionales de gran prestigio y autoridad moral. Una Comisión que aporte elementos confiables para responder a preguntas como: ¿Qué actos y omisiones dieron pie a la trajedia del 26 de septiembre? ¿Quiénes sabían sobre los actos criminales de Abarca previos a la desaparición de los 43 normalistas? ¿Porqué no se tomaron medidas para investigar estos actos y así prevenir que escalara el abuso? ¿Cómo se tejió la red de complicidad de Abarca con el poder político y con el crimen organizado? ¿Qué patrones de abuso y complicidad se repiten en casos similares a lo largo y ancho del país? y, finalmente, ¿qué tenemos que hacer como Estado (ese que somos todos) para poder ofrecerles a las víctimas de esta tragedia garantías de no repetición?

El primer interesado en este ejercicio debería ser el Jefe del Estado Mexicano, si es que realmente quiere un acuerdo que conduzca a la no repetición. Otra opción es posicionar a dicha Comisión de Verdad y Justicia como el primer punto del acuerdo. Pero para que funcione, esta comisión tendría que nacer con distancia y plena independencia de la partidocracia que parece convertir en impune todo lo que toca; y a la vez contar con la colaboración y la voluntad política de esa misma partidocracia, para que la Comisión pueda hacer su trabajo a fondo, en forma autónoma y expedita, ligando verdad con justicia. ¿Será posible? Yo lo veo lejano. Pero también es cierto que la voluntad política se construye. Por eso creo que es momento de seguir con la articulación y movilización ciudadana que demande búsqueda, verdad y justicia en las calles y por distintos medios pacíficos. No es tiempo de acuerdos prematuros y cosméticos que nos des- movilicen.

* Profesora-Investigadora en la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, experta en negociación, deliberación y resolución de conflictos.



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