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Ana Lilia Herrera Anzaldo

CNDH, momento crucial

Senadora de la República por el Estado de México a las LXII y LXIII legislaturas. Vicepresidenta de la Mesa Directiva para el Segundo Año ...

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07 de noviembre de 2014

"Veo un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”.

Luis Donaldo Colosio, aquel 6 de marzo de 1994.

Han pasado 20 años desde esa frase y debemos reconocer que los grandes retos del Estado mexicano continúan siendo los mismos: la pobreza y la desigualdad social que en el día a día se ven agravadas por la impunidad y el abuso de autoridad.

No se trata de ignorar los esfuerzos, pero sí de reconocer que no bastan la estabilidad macroeconómica, la alternancia política o la creación de más instituciones para proteger los derechos fundamentales de las personas, si no resolvemos el fondo y somos congruentes desde cualquier ámbito de responsabilidad, ya sea pública o privada.

Las reformas estructurales aprobadas en México parten de entender que es insuficiente enlistar los Derechos Humanos en la Constitución si no existen instituciones y mecanismos legales para hacerlos exigibles y reconocer que el asistencialismo, por sí mismo, no resolverá la pobreza y la creciente desigualdad.

Hoy lo ocurrido en Ayotzinapa nos convoca a todos al dolor, a la indignación y al clamor generalizado de justicia en el más amplio de los sentidos: para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables, pero también para acabar con la pobreza y la falta de oportunidades que son, en gran medida, causa y efecto de la inseguridad y la violencia.

En un momento crucial, la Cámara de Senadores tiene ante sí una responsabilidad de la mayor envergadura: la decisión de quien presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el período 2014-2019.

El proceso incluye la realización de comparecencias públicas de quienes aspiran, pero también de especialistas en la materia, lo que ha dado lugar a una rica discusión en el Senado no sólo sobre las cualidades y capacidades que deberá tener la persona que ocupe la titularidad de la institución responsable de proteger los derechos de los más débiles, sino un análisis de lo que ha sido hasta ahora la institución y lo que debe ser frente a nuestra realidad.

Desde 1992, la CNDH es responsable de atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de Derechos Humanos por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, a través de mecanismos como la recomendación, la conciliación y la orientación.

Más allá de filias o fobias, es evidente que existen demandas insatisfechas y reclamos que no han encontrado eco en un organismo que de 1995 a la fecha, pasó de tener 27% a 3% de acatamiento completo en sus recomendaciones, como lo advirtió hace unos días Ana Laura Magaloni.

En ese contexto la discusión que está sobre la mesa es otra vertiente de la desigualdad en México: el efectivo acceso a la justicia, que no puede seguir siendo un lujo y el consecuente perfeccionamiento de las instituciones y el marco legal para proteger a las mayorías.

La transformación del país no puede ser ni marginal ni aislada; la debida protección y observancia de los Derechos Humanos debe correr con el mismo sentido de urgencia que la economía y la política.

El momento actual nos convoca a todos a un reclamo de justicia pero sin la tentación de lanzar acusaciones generalizadas o sacar ventaja política. El momento es tan grave que cualquier señalamiento exige el sustento de la prueba.

Lo que le urge a México son instituciones sólidas que respondan al interés de la mayoría y no al interés de unos cuantos.

Hoy México exige. Todos estamos obligados a responder.

Senadora por el Estado de México
@analiliaherrera 



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Editorial EL UNIVERSAL A need for certainty in Iguala


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