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Santiago Corcuera Cabezut

México lindo ... y ¡dolido!



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25 de octubre de 2014

“México en Paz” es la primera de las cinco metas que el Plan Nacional de Desarrollo se propone lograr. Expresa que esta meta implica “el respeto y la protección de los derechos humanos… La prioridad, en términos de seguridad pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía.”

Después, como parte de las acciones derivadas del Plan Nacional, se emitió el Programa Nacional de Derechos Humanos, al que ya me he referido elogiosamente en este espacio (julio 4, 2014).

Al principio pensé que estas buenas señales irían mejorando paulatinamente el desastre humanitario que provocó la administración de Calderón. Pero ahora, no puedo más que expresar mi pesimismo y desilusión. No se percibe que las autoridades tengan las capacidades para resolver la hondísima tragedia humanitaria en la que está sumida una buena parte de nuestro país; este México que “quiere cantar su alegría”, pero no hace más que llorar su dolor.

Escuchamos mensajes políticos que suenan sinceros en boca del Presidente, y algunas acciones que se centran en la acción policiaca y militar. Pero hay omisiones que dan la impresión de que, quienes gobiernan en realidad no quieren lograr avances o cumplir las promesas que pudieran mover a México hacia la Paz.

El abatimiento de la impunidad es una de las más importantes. En el caso de Tlatlaya se tienen arraigados (lo que ya en si mismo es otra aberración) a unos chivitos expiatorios, pero ante una masacre de tales dimensiones, eso no es de ninguna manera suficiente. Se debe conocer toda la verdad sobre quienes dieron la orden de matar en caliente a las víctimas (por muy delincuentes que pudieran haber sido), con toda la cadena de mando, así como llevarlos ante la justicia ordinaria y, en su caso, castigarlos, junto con quienes encubrieron los hechos inventando que se había tratado de un verdadero enfrentamiento. Y¿ qué decir de la horripilante aparición de fosas con decenas y decenas de cuerpos calcinados y mutilados y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa?

En el caso de Acteal, como un acto de “justicia política”, pero no de justicia legal, rodaron las cabezas del secretario de Gobernación y del gobernador de Chiapas. En los casos recientes, al menos tan aberrantes como aquel, a pesar de la solicitud de licencia de Aguirre y las recientes detenciones por las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, en el caso de Tlatlaya la sensación de impotencia ante la impunidad es desesperante.

Una muestra de la falta de cumplimiento a una promesa, es que el Programa Nacional de los Derechos Humanos dice literalmente: “Promover el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales”. Yo, francamente, no percibo promoción alguna al respecto, sino más bien que nomás están dándole largas. El Programa se publicó hace seis meses. ¿Qué impide que se cumpla ese compromiso inmediatamente? Y como este caso, muchas otras recomendaciones de instancias internacionales que se “aceptan”, pero no se cumplen.

No es sorprendente, por lo tanto, que algunos especialistas afirmen que ante la falta de voluntad, o por lo menos de resultados, para saber la verdad y juzgar a los responsables, las opciones apunten hacia la justicia penal internacional y las instancias internacionales de derechos humanos. Incluso, por la magnitud de las atrocidades, no sería inconcebible que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pudiera adoptar una resolución designando un relator especial para México. Claro que, si esa idea ganara terreno, la experimentada y capaz diplomacia mexicana, cuya eficacia se demostró en la resolución del Parlamento Europeo de estos días, haría todo lo posible para impedirlo, y posiblemente lo lograría; pero más que acciones diplomáticas y palabras, lo que debiera desterrar esa idea son resultados en materia de verdad y justicia para este nuestro dolido país.

Integrante del comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. @CORCUERAS



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