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Ricardo Raphael

La principal deuda de EPN

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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01 de septiembre de 2014

Mañana rendirá el presidente Enrique Peña Nieto su segundo informe de gobierno. Es probable que comience invitando a que lo felicitemos por las once reformas que se obtuvieron gracias al Pacto por México. Incluyendo a sus detractores habríamos de reconocerle el liderazgo que demostró para la construcción de un acuerdo tan complejo.

Después de la celebración, la segunda parte del discurso debería estar dedicada a definir la línea en el horizonte donde se reflejen los objetivos del futuro. Cada quien tendrá su propia preferencia sobre los temas pendientes. En mi caso quiero hacer énfasis en la promesa, todavía incumplida, de una cirugía mayor al sistema de seguridad social.

Vale aquí recordar un artículo que Enrique Peña Nieto publicó en EL UNIVERSAL en julio de 2010. El entonces gobernador del Estado de México lo tituló “Seguridad Social Universal”. Ahí advirtió que en México, la mitad de la población está desprotegida y argumentó en contra de la fragmentación del sistema, la duplicidad en las funciones, los costos innecesarios, la insuficiencia en las pensiones para, la inexistencia de un seguro que proteja sobre los riesgos de trabajo y la necesidad de un seguro de desempleo.

Recuerdo esta pieza porque en ella se presentó una de las primeras propuestas de campaña signada de puño y letra por el precandidato del PRI. Resulta extraño que, cuatro años después publicado, el tema siga exactamente en el mismo lugar donde Peña Nieto lo ubicó la primera vez.

Sobre todo si se asume que también quedó plasmado en el tercer párrafo del Pacto por México, formalizado en diciembre de 2012 por EPN y los presidentes de los tres principales partidos. A la letra ese texto dice: “Crear una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud y otorgue a cualquier mexicano, independientemente de su condición social o estatus laboral, un conjunto de beneficios sociales procurados por el Estado a través de un Sistema de Seguridad Social Universal.”

¿Por qué tantos otros compromisos del Pacto sí vieron la luz del día, durante los 24 meses siguientes, y este asunto aún duerme el sueño de los justos? ¿Eran más importantes las reformas energética, en telecomunicaciones o en competencia que la vulnerabilidad en la que viven tantos millones de mexicanos?

Podría suponerse que el problema fue que los partidos metidos en la negociación no lograron entenderse a la hora de discutir el expediente; pero eso sería una mentira. La cuestión llanamente no se discutió entre los legisladores y tampoco entre los liderazgos de partido; y es que el Ejecutivo olvidó presentar un primer borrador que pudiera ser sometido a la deliberación entre el partido en el poder y las oposiciones.

En efecto, el único responsable de esta deuda es el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto. Por tanto, la pregunta relevante es, ¿por qué el Ejecutivo hizo a un lado una reforma que, en el origen, le parecía tan pertinente?

Hay dos explicaciones posibles y no son excluyentes entre sí. La primera tiene que ver con la polarización que despierta esta reforma, no entre los partidos, sino entre los integrantes del gabinete presidencial. El pleito ha dejado a más de un herido y para ello cabe recordar un difunto (políticamente hablando) llamado Santiago Levy, quien terminó expulsado de círculo peñanietista por quienes se oponen a la iniciativa de la universalización, visiblemente encabezada por el director del IMSS, José Antonio González Anaya.

El problema, en apariencia técnico, entre unos y otros es el mecanismo para el financiamiento del futuro sistema. De un lado se afirma que es posible costearlo a partir de impuestos generales (sobre todo IVA). Del otro lado se argumenta que tal cosa es irreal. Cabe suponer que este pleito refleje además una pugna política más seria.

La otra razón del aplazamiento podría ser que el presidente decidió dejar para 2015 la aprobación de esta reforma y es que de lograrla puede ser un trampolín magnífico para lanzarse al proceso electoral del año próximo.

Politiquerías a parte, si la segunda hipótesis fuese correcta, mañana 2 de septiembre podría ser el primer día de una mejor historia para la protección social en México.

 

@ricardomraphael
www.ricardoraphael.com
Periodista



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