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Porfirio Muñoz Ledo

El clamor del salario

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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09 de agosto de 2014

Diversos actores políticos, así como intelectuales, sindicalistas y sectores empresariales han expresado su beneplácito para llevar a cabo un debate nacional sobre el salario mínimo. Se trata de una reflexión que reclama un análisis severo porque cuestiona la conducción del país y el resultado de sus políticas, sobre todo, de la baja calidad de vida de la población.

Es importante señalar la relación entre el estado de pobreza que agobia a la mayoría de las personas con la política de restricción salarial que ha venido imponiendo el gobierno federal desde hace 30 años como un elemento clave de su modelo económico actual, insistiendo que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo.

La determinación de los salarios en México depende de dos factores: los mínimos, que son fijados por una comisión nacional en la que finalmente prevalece la voluntad estatal, y los contractuales, producto de la negociación con los gremios o de un arreglo individual en el seno del mercado; un elemento condicionante es que esta negociación es muy limitada por la ausencia de representatividad real en los gremios. Lo cierto es que al final, se imponen los criterios de política salarial gubernamental por sobre cualquier otra consideración.

Año tras año crecen las voces en favor de una recuperación que permanentemente se aplaza por parte de los gobiernos en turno. A pesar de que se ha comprobado con creces que dicha restricción ha impactado negativamente al mercado interno, a grado tal que algunos sectores empresariales han propuesto una mejora paulatina, se impone la necia decisión de la Secretaría de Hacienda, que alega un impacto en dos centenares de factores vinculados al monto del salario mínimo, como son las multas o el financiamiento a los partidos políticos.

En el plano jurídico hay un claro incumplimiento del mandato constitucional, ya que con 64.76 pesos diarios en una región del país, o 61.38 en otra, es imposible vivir dignamente. Los salarios mínimos han venido sufriendo un deterioro real del orden de dos tercios desde los 80. Según datos aportados por Carlos Fernández Vega, de diciembre de 1987 a 2013, el salario mínimo registra un aumento del 900%, mientras los precios de la canasta alimenticia en este lapso aumentaron 4 mil 800%, por lo que en este momento, para cumplir con la norma constitucional, el salario mínimo debería ser de 194 pesos diarios.

El gobierno alega para justificar su política, que este salario tan sólo se aplica a 12% de la población trabajadora; sin embargo, conforme a los datos aportados por Coneval, los que hoy ganan hasta tres salarios mínimos representan más del 60% de la población ocupada. De esta manera, la definición del salario mínimo genera un efecto descendente a los salarios del resto de los trabajadores y favorece de muchas maneras la informalidad, contradiciendo la tesis de que la política de bajos salarios coadyuva a la formalización del empleo o es un factor de estabilidad económica.

Una política salarial favorable al desarrollo y al robustecimiento del mercado interno, impacta positivamente en el combate a la pobreza, en mayor medida que los programas de asistencia social. Esto se viene demostrando en diversos países de América Latina; por ejemplo, Chile, Brasil y Argentina, entre otros, tienen salarios mínimos equivalentes a más del doble de los que se cubren en nuestro país y esa condición salarial la promueven como un elemento clave para enfrentar la desigualdad social.

El establecimiento de topes salariales es resultado de una política inconstitucional dictada por las autoridades financieras que han determinado una aberrante concentración del ingreso y nos han convertido en el país más desigual del planeta. Tal depreciación del trabajo no guarda relación con la productividad, ya que ésta ha aumentado sensiblemente a lo largo de los años; tampoco es un fenómeno atribuible al mercado, ya que si dejaran a una negociación libre y genuina entre los factores de la producción, los salarios serían mucho más elevados.

Se trata de un atraco por decisión del Estado y es el pivote de una estrategia dogmática y errónea de la inserción de México en la globalización.

Comisionado para la reforma política del DF



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