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Santiago Corcuera Cabezut

Ejecuciones arbitrarias



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02 de agosto de 2014

Hace poco más de un mes, el 30 de junio, efectivos del ejército mexicano mataron a 22 personas en el poblado de San Pedro Limón, Municipio de Tlataya, Estado de México. Un reportaje de Associated Press ampliamente difundido en los medios de comunicación en México, aduce que esas personas fueron fusiladas, en una especie de paredón, dentro de una bodega. Les recomiendo este video que explica muy bien el caso: http://www.youtube.com/watch?v=f4GyfqjkkcE&feature=player_embedded.

Ante tales alegaciones, dos prestigiadas organizaciones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, difundieron un comunicado en el que manifestaron la necesidad de que se aclare el caso.

Días después de darse a conocer el reportaje de AP, la PGJEM, según notas periodísticas, manifestó: “De las diligencias realizadas por el Ministerio Público del fueron común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución, en el posible fusilamiento al que se hace referencia en medios de comunicación. La pericial en mecánica de hechos y criminalística de campo nos hace ver claramente que hubo un intercambio de disparos entre los elementos del ejército y las personas que se encontraban en el interior de la bodega”. Del lado del ejército, nada más hubo un herido.

Lo sucedido me recordó el excelente ensayo titulado Uso de la fuerza letal. Muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos de las fuerzas federales con presuntos miembros de la delincuencia organizada, de Catalina Pérez Correa del CIDE y Carlos Silva Forné, y Rodrigo Gutiérrez Rivas de la UNAM publicado en Nexos en noviembre de 2011. En ese estudio se pone de manifiesto el “índice letal”, es decir, la proporción de muertos, heridos y detenidos en los enfrentamientos. En el sexenio de Calderón escuchábamos en el radio propaganda en la que se alardeaba del número de delincuentes que ya habían sido “abatidos” o detenidos. Lo que no se explicaba, como debiera hacerse, es en cada caso en el que en un enfrentamiento en el que participen soldados o policías, en la que resulten “abatidos” algunos de los presuntos delincuentes, por qué resultó muerta la persona. Solamente puede justificarse la muerte de un presunto delincuente, si el uso de la fuerza y de las armas de fuego, fue proporcionado, necesario, congruente y legal. Es decir, si hubo un uso legítimo de la fuerza. El uso de la fuerza debe ser proporcional a la agresión recibida, y no puede usarse la fuerza, ni mucho menos las armas de fuego, mas que en defensa propia, es decir, ante una amenaza real, actual e inminente. Nunca bajo la orden de “mátelos en caliente”.

Lo que resulta muy sospechoso es cuando en los “enfrentamientos” solamente hay muertos civiles, y no hay heridos o detenidos, o los heridos o detenidos son muy pocos en proporción a los abatidos, y por otro lado, que haya varios muertos civiles y no haya ninguno o sean muy pocos los muertos de las fuerzas estatales. Ante esas circunstancias, es muy probable que de lo que se trate es de verdaderas ejecuciones arbitrarias. Una ejecución no sería arbitraria, por ejemplo, si hubiera pena de muerte, y la ejecución se derivara del cumplimiento de la sentencia respectiva; o la privación de la vida de una persona a manos de un agente estatal, tampoco sería arbitraria o ilegal, si se derivara del uso legítimo de la fuerza. De lo contrario, se trataría de una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Y si la ejecución es múltiple; o sea, una masacre, la gravedad de la conducta se incrementa, incluso al grado de poder configurarse crímenes sancionables conforme al derecho penal internacional.

¿Veintidós muertos en una bodega, abatidos por el ejército en un “enfrentamiento” en el que solamente hubo un soldado herido?

Tenemos derecho a saber qué pasó ahí.

@CORCUERAS

Integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU



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Editorial EL UNIVERSAL Dignity for the elderly


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