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Editorial EL UNIVERSAL

Por albergues más sanos

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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26 de julio de 2014

Los casos escandalosos suelen destapar problemáticas mayores. Por desgracia es el caso del albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán, de donde se rescataron a más de 500 personas, en su mayoría niños. Las irregularidades documentadas iban desde descuidos de higiene hasta francos delitos penales contra menores, pasando por ilegalidades jurídicas graves respecto de la tutela de los mismos.

Este penoso incidente mostró un enorme vacío de presencia del Estado en el tema de niños en albergues. Esto es grave, porque lejos de ser un asunto menor, representa una tendencia al alza. El número de niños en situación de abandono, orfandad, o que están separados de sus padres por cuestiones jurídicas y que se encuentran en albergues públicos y privados del país aumentó en un año. Datos del DIF nacional reportan que hasta diciembre de 2013 había 25 mil 700 niños en esa situación, cifra superior a la de 2012, cuando se contabilizaban 17 mil 522 menores albergados en dichos centros de asistencia.

De 922 albergues en el país, 805 son privados, lo que es un problema dado el vacío legal que existe, ya que el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia no tiene facultades para vigilar los albergues privados y exigir que éstos les abran las puertas. En tal sentido, el Estado ha sido omiso al incumplir con su obligación de regular y supervisar la operación de estos centros en donde han dejado a miles de niños bajo su cuidado.

Urge dar pasos para evitar más abusos. Primero habría que diagnosticar las razones del aumento de niños en situación de albergue, muchas de ellas seguramente producto de la descomposición del tejido social en amplias zonas del país, por fenómenos económicos y de inseguridad. Segundo, explicar por qué el Estado es incapaz de proteger a la infancia, por lo que tiene que subrogar dicha actividad a particulares. Estado que descuida a su infancia está fallando en sus más elementales deberes.

En tercer lugar hay que fortalecer los instrumentos de regulación de los establecimientos que se comprometen a cuidar y proteger a los menores; tanto los públicos como los privados. Y cuarto, revisar la situación de cada albergue ya existente, por muy limpio y establecido que parezca, para evitar irregularidades como las que hemos estado viendo estos días, y que en cada caso pueden ser menos o más manifiestas.

Tras este serio llamado de atención social que fue el caso de Zamora, no podemos quedarnos cruzados de brazos como sociedad.



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