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Ricardo Raphael

García Luna, Pedraza y Cabeza de Vaca

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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02 de junio de 2014

Las sentenciaron por haber secuestrado a seis agentes de la policía federal. Desde que se conoció la noticia, aquella historia destilaba inconsistencia. ¿Cómo era posible que tres indígenas ñahñú hubiesen logrado someter a esos funcionarios del orden público?

Sin considerar la evidencia disponible, el 3 de agosto de 2006 un juez federal, Rodolfo Pedraza Longi, sentenció a 21 un años de prisión a Teresa González Cornello, a Alberta Alcántara Juan y a Jacinta Francisco Marcial.

Muy poca investigación por parte de la PGR habría bastado para evitar el error. Según crónicas que se han coleccionado después, los supuestos secuestrados eran delincuentes y las mujeres sentenciadas sus víctimas. Resulta que, como ocurre en todo el país, los agentes de la policía llegaron a Santiago Mexquititlán con el solo propósito de cobrar su cuota a los vendedores de películas pirata apostados en el mercado.

Ese día los comerciantes decidieron que no pagarían más. El negocio enterito se lo estaban llevando los supuestos guardianes del orden. Aquellos hombres reaccionaron con enojo. Amenazaron que levantarían aquel tiradero pirata y que no les permitirían volver a vender jamás. Los ánimos se caldearon. Un grupo nutrido acorraló a los policías y los condujo a la delegación municipal.

Este detalle no es menor. Los agentes no fueron secuestrados en un inmueble privado, sino conducidos ante la autoridad formal de la demarcación. Ahí se les acusó de extorsión y abuso de autoridad.

Por aquellos años el director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) era Genaro García Luna. Un fabricante de delitos que dejó pésima fama en este país. La imagen precisa de lo que no debe ser un policía.

Como reacción a lo sucedido en Santiago Mexquititlán, la AFI procedió a denunciar. El objetivo era construir un precedente ejemplar para cualquier otra población que se atreviera a desafiar su poder.

Así es como estas indígenas mexicanas fueron encontradas culpables. No hay peor combinación que un policía corrupto y autoritario, un ministerio público cómplice y negligente y un juez vendido y terco.

Un pequeño detalle que la PGR perdió de vista fue que Jacinta Francisco Marcial no estuvo presente en el lugar de los hechos porque ese día no había llevado sus discos a vender. Es decir que no participó en forma alguna en el enfrentamiento con los agentes de García Luna.

Sin embargo, el juez Pedraza Longi convalidó la versión de las autoridades y abdicó a su deber como impartidor de justicia.

Jacinta tuvo mejor suerte que sus compañeras. Su caso fue conocido por la oficina de Amnistía Internacional y por la organización Miguel Agustín Pro. Los activistas y abogados de ambas instituciones dieron a conocer el caso ante la opinión pública. Merece recordarse aquí el papel jugado por el periodista Ricardo Rocha, que dedicó mucho esfuerzo para que este abuso no pasara desapercibido.

Para sorpresa de propios y extraños, tres años después de haber sido sentenciada por el juez Pedraza, Jacinta obtuvo su liberación; no por haberse demostrado su inocencia, sino porque la PGR reconoció, fuera de tiempo, que no contaba con elementos suficientes para acusar a la mujer.

¿Cómo? García Luna señaló a Jacinta, igual que Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador General de la República. Luego, el juez Pedraza dio la razón con su sentencia a los dos anteriores y, sin embargo, transcurrido casi un lustro, ¿el ministerio público se desistió porque no contaba pruebas suficientes de su responsabilidad?

Ante el absurdo, Jacinta Francisco exigió a la autoridad que resarciera el daño; que le pidiera perdón y la compensara económicamente. La PGR respondió que no.

La semana pasada el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó a la Procuraduría para que pague esa indemnización.

A partir de este precedente, cualquier otra persona acusada de manera injusta podrá recorrer el mismo camino.

No es ocioso preguntarse si las autoridades responsables por haber tomado decisiones equivocadas pueden quedar exentas de toda culpa, cuando los errores tienen nombre y apellido.

Por enojoso que parezca, García Luna, Cabeza de Vaca y Pedraza Longi continúan viviendo en el privilegiado paraíso de la impunidad.

 

www.ricardoraphael.com
Periodista



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