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Porfirio Muñoz Ledo

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Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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12 de abril de 2014

En la historia política del país no había ocurrido una reforma electoral supeditada a una agenda donde sobresalían las verdaderas prioridades del gobierno en turno. Como en las anteriores modificaciones al órgano electoral, la necesidad del cambio obedeció a las inconformidades de los contendientes y de la opinión pública sobre su desempeño en las últimas elecciones. En esta reforma se sumaron también las desconfianzas acumuladas respecto de la independencia real de los organismos locales, a los que se les estima genéricamente como apéndices de los gobernadores.

El nacimiento y desarrollo del IFE, ahora desaparecido, fueron instrumentos clave para arrancarle al gobierno la conducción de los procesos electorales y abrir las puertas al pluralismo político que disfrutamos. El IFE surgió en su primera versión como consecuencia del inmenso fraude electoral de 1988 y fue adquiriendo distintos perfiles con el paso del tiempo. Sus momentos culminantes derivaron de las reformas de 1994 y 1996 cuando se le otorgó autonomía plena y se diseñaron mecanismos e instrumentos para garantizar un sistema de seguridad electoral. Los resultados de los comicios comenzaron a equilibrarse y las oposiciones crecieron hasta que en 1997 el PRI no obtuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en 2000 el PAN ganó la Presidencia de la República y en 2003 ningún partido obtuvo mayoría.

El trabajo realizado por el IFE y las derrotas del partido en el gobierno generaron un alto grado de confianza entre la ciudadanía y en el ámbito internacional. La institución que mereció con justicia el calificativo de ciudadana, pronto sucumbió a la captura de los partidos políticos. Transitamos de un esquema de control presidencial de las elecciones a un modelo de órgano cimarrón cuyas decisiones están determinadas por la influencia de los partidos que ni siquiera han demostrado un talante democrático en sus procesos internos.

Los argumentos que se han expresado para la desaparición del IFE no son suficientes ni se reflejan en el diseño y organización del nuevo instituto. La idea de un órgano nacional que sustituyera a los órganos electorales locales no es nueva. Fue sostenida en las deliberaciones de la CENCA en el año 2007 y, finalmente, derrotada por el argumento de que representaba un embate al federalismo. Hubiese bastado argumentar que el sufragio es un derecho humano y que, en tal medida, debiera ser objeto de protección a nivel nacional. En dado caso, el esquema de competencias no es claro, ya que subsisten los órganos locales y mediante un sistema arbitrario se les permite realizar su tarea o bien, atraer el proceso al plano federal.

Un cambio de esta magnitud exigía un análisis más detenido respecto a las verdaderas causas que determinaron el descrédito del sistema, particularmente la falta de enjundia del anterior organismo en la época de su decadencia para hacer frente a graves violaciones a la legalidad electoral.

El comité responsable de determinar la calidad de los consejeros electorales representa una novedad regresiva, ya que opera en encuentros privados, sin convocatorias ni actas de sesión que favorecen el clientelismo y el patronazgo partidista. Como reiteradamente han insistido los expertos, la crisis institucional de los órganos autónomos consiste en que los jugadores designan a los árbitros y, en el peor de los casos, se convierten ellos mismos en jugadores.

La ausencia de un análisis retrospectivo y autocrítico sobre las desviaciones del IFE y sus efectos sobre una transición fallida, nos pone en el peligro de que esas falencias se repitan y nos conduzcan a nuevas reformas ante las censuras de sus detractores y el escepticismo generalizado.

La autoridad electoral, cualquiera que sea su alcance y jurisdicción, será discutible mientras funcione como reflejo de la correlación de las fuerzas políticas existentes y no como fue previsto en su origen: un auténtico órgano de Estado que atienda con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad la función pública para el que fue creado. De otro modo, podríamos ser víctimas de una regresión genética.

Comisionado para la reforma política del DF



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