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Ricardo Raphael

Adiós, Primavera Mexicana

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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07 de abril de 2014

La propuesta de ley en telecomunicaciones y radiodifusión trae fuertes pulsiones autoritarias que habrían de ser combatidas de manera radical. Vale la pena echarle una mirada al título octavo del proyecto (artículos 189-197) dedicado a la colaboración exigida entre la justicia y los concesionarios.

Tres son los temas preocupantes: localización de dispositivos, intervención de comunicaciones y bloqueo de los servicios por razones de seguridad. Si la iniciativa es aprobada tal cual, varios derechos fundamentales quedarán anulados.

El capítulo referido abre fuego con el tema de la localización. Dice el artículo 189 del proyecto que los concesionarios deberán proporcionar la ubicación de cualquier dispositivo de comunicación (computadora, celular, tableta, etc.) si se encuentra relacionado con investigaciones sobre delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsiones o amenazas.

Hasta aquí nada extraño, pero sirve preguntarse quién determinará que un dispositivo está relacionado con investigaciones criminales. En la mayoría de las democracias es el juez quien juega este papel. Sin embargo, el texto propone al procurador General de la República y sus subordinados, los ministerios públicos, como la autoridad competente. (Sirve aclarar que pronto tales funcionarios formarán parte de un órgano constitucional autónomo y por tanto blindado frente a controles externos).

Pero el asunto no se queda aquí, un párrafo más adelante se advierte que los titulares de aquellas instancias de seguridad responsables de la producción de inteligencia podrán también girar instrucciones para que los concesionarios entreguen la localización precisa de los dispositivos que ellos determinen.

 

¿A qué autoridades se refiere? ¿Cisen? ¿Ejército? ¿Policía estatal? ¿Policía municipal? ¿Guardias auxiliares de seguridad? ¿Autodefensas? ¿Cártel de Sinaloa en nómina de la policía de Culiacán? ¿Caballeros templarios disfrazados de policía michoacana?

 

Al parecer no ha quedado suficientemente claro cuán penetradas por el crimen están las autoridades formales mexicanas. Sin control sobre estos actos por parte del juez, es grande el riesgo al que se arrojaría a los ciudadanos.

 

A lo anterior se añade la propuesta de intervención contra las comunicaciones de la población. Se puede interpretar que las mismas autoridades arriba anotadas serían facultadas para exigir la intervención y control de las comunicaciones ciudadanas que sucedan a través de los distintos medios de telecomunicación.

 

¡¿En manos de quién quedará nuestra intimidad?!

 

Crece más la preocupación cuando se llega al apartado dedicado a la suspensión del servicio de telecomunicaciones. Dice el texto que los concesionarios suspenderán de inmediato los servicios cuando así lo instruya la autoridad competente de conformidad con las disposiciones aplicables. Otra vez: ¿cuáles, en concreto, son las disposiciones aplicables? ¿Qué autoridad precisa puede instruirlo? ¿Por qué motivos?

¡Cuánto habrían deseado los dictadores de Túnez, Egipto, Yemen o Libia contar con una legislación similar para protegerse de las protestas ciudadanas ocurridas durante la Primavera Árabe!

Y cierra la propuesta con broche de oro: los concesionarios habrán de bloquear, inhibir o anular señales en eventos críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. Además, deberán cooperar para combatir comunicaciones masivas no solicitadas, así como minimizar sus efectos en las redes.

¿Por qué mezclar, si no son lo mismo, seguridad pública y seguridad nacional? ¿Qué quiere decir propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas? ¿Lo es un llamado a manifestarse contra el dictador? ¿Convocar en contra de una televisora que no cumple con su papel de informar? ¿Un correo electrónico citando a un acto público? ¿Un llamado en Facebook para acudir a un concierto masivo?

No es tolerable que, so pretexto de una amenaza a la seguridad pública, la autoridad disponga el bloqueo de las redes en demérito de movimientos como, por ejemplo, el que encabezara el #Yosoy132 o los okupas de España. Este texto pareciera diseñado ex profeso para evitar la Primavera Mexicana.

 

www.ricardoraphael.com
@ricardomraphael
Periodista



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