aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Javier Lozano Alarcón

Una demora inexplicable

Javier Lozano Alarcón, oriundo del estado de Puebla, ex secretario del Trabajo. Actualmente es senador por el Partido Acción Nacional

E ...

Más de Javier Lozano Alarcón



ARTÍCULOS ANTERIORES


Ver todos sus artículos

05 de abril de 2014

La quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación (Mexicana) era inminente. El diagnóstico de la empresa no podría ser peor. Sin activos de peso y con deudas crecientes de todo tipo, suspendió sus operaciones en agosto de 2010 al no tener, literalmente, ni para “la gasolina”. Su insolvencia le condujo a un concurso mercantil que no le significó ingresos extras pues, a diferencia de otros comerciantes que pueden seguir operando en suspensión de pagos, Mexicana no pudo despegar nuevamente.

Una pésima —si no es que fraudulenta— gestión administrativa, aderezada con la cerrazón de los tres sindicatos (pilotos, sobrecargos y personal de tierra) al no ajustar a tiempo sus respectivos contratos colectivos de trabajo, llevó a la compañía a una situación financiera insostenible. En efecto, en tiempos de crisis, como el fatídico año de 2009, la presidencia de la compañía aventuraba decisiones propias de un kamikaze mientras desmantelaban Mexicana para favorecer a su hermana menor, Link (por cierto, con la simpatía de uno de los sindicatos). Vamos, ni la marca le dejaron a Mexicana.

Un sinfín de supuestos inversionistas desfilaron desde que la empresa entró en la etapa de conciliación en este concurso mercantil. Unos, que parecían serios, no terminaron por levantar el capital. Otros, de plano, resultaron ser unos charlatanes que prometían el oro y el moro sin mostrar una sola prueba de su capacidad financiera.

De otra parte, tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Peña Nieto advirtieron que no destinarían recursos de los contribuyentes para rescatar o requisar la compañía. No hubo engaño.

Tras el fallido intento de PC Capital por capitalizar la compañía, en marzo de 2011, lo demás parecía ser el cuento de nunca acabar. Nuevos tiradores con más declaraciones a medios que recursos (se requerían 300 millones de dólares, aproximadamente, para el despegue) ofrecían el inminente salvamento de la aerolínea. Los sindicatos se entrevistaban con tan generosos empresarios, acompañados del conciliador del concurso mercantil. Todos acudían a ver al juez del concurso —Felipe Consuelo, primero y Edith Alarcón, después— para anticipar que la buena nueva estaba por llegar. Ambas autoridades judiciales ignoraron olímpicamente que el artículo 145 de la Ley de Concursos Mercantiles señala, textual, que “en ningún caso el plazo de la etapa de conciliación y su prórroga podrá exceder de 365 días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese realizado la última publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación” (28 de septiembre de 2010).

¿Qué fue aquello que vieron los jueces para no respetar la ley? ¿No sabían que cada día que pasaba sin declarar la quiebra los pocos activos de la empresa se esfumaban mientras los pasivos crecían? ¿No tenían presente que de entre todos los acreedores, los 8 mil 400 trabajadores de ese grupo aeronáutico serían los más perjudicados?

Es una pena que haya acabado Mexicana de esta manera. El síndico levantará un inventario para saber con qué bienes cuenta y hacer frente, mediante su liquidación, aunque sea parcialmente, al pasivo laboral. Los demás acreedores podrán olvidarse ya de sus créditos.

Y quizá no sea consuelo para nadie, pero al menos esperamos que se identifique y castigue a los que, por acción u omisión, fueron los responsables de conducir a Mexicana hacia la insolvencia y a su tardía quiebra. Trabajadores y consumidores lo piden a gritos. Y tienen razón.



ARTÍCULO ANTERIOR Una demora inexplicable
Editorial EL UNIVERSAL Truant legislators


PUBLICIDAD