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Ricardo Raphael

Oceanografía y la impunidad panista

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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17 de marzo de 2014

Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN en el Senado, anunció la semana pasada que su partido no volverá a sentarse a la mesa donde se está negociando la legislación secundaria en materia energética hasta que no se aclaren y deslinden responsabilidades sobre el caso de la empresa Oceanografía.

¿Qué senadores, en concreto, son los que no regresarán a la conversación con el gobierno? La respuesta es relevante; los cuatro panistas que integran la comisión de Energía del Senado son: Jorge Luis Lavalle Maury (Campeche), Salvador Vega Casillas (Michoacán), Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) y Francisco Domínguez Servién (Querétaro).

Por mera curiosidad periodística vale preguntarse si alguno de ellos está relacionado con el caso Oceanografía. A la hora de indagar salta primero el nombre del senador Lavalle Maury, cuya suplente es la señora María de los Ángeles Terrazo Blanco, madre de Juan Camilo Mouriño Terrazo. El cargo más relevante que Lavalle ostentó, antes de llegar a la Cámara Alta, fue el de coordinador de campaña para la gubernatura de Campeche del candidato panista Mario Ávila Lizárraga.

Hoy Ávila Lizárraga está sometido a proceso judicial, demandado por PEMEX porque, al parecer, autorizó más de 30 contratos irregulares a favor de Oceanografía, entre 2010 y 2012. Lo pudo hacer porque después de perder la elección en su estado, sin tener ningún conocimiento sobre el tema, fue nombrado subdirector de mantenimiento y logística dentro de la empresa Pemex Exploración y Producción (PEP).

No es detalle sin importancia comentar que en la red abundan imágenes para ilustrar la amistad sostenida por los campechanos Lavalle, Ávila y Mouriño.

Otro senador que no está dispuesto a tomar su asiento en la mesa negociadora es Salvador Vega Casillas. Él fue subsecretario de la Función Pública durante 2007, año en que esa dependencia tuvo primera noticia sobre el eventual tráfico de influencias que habría marcado la relación entre Pemex y la empresa de Amado Yáñez, durante el sexenio de Vicente Fox.

En el periodo 2010 - 2012, ya siendo Vega secretario de la Función Pública —y Ávila Lizarraga alto burócrata de Pemex— creció el número de contratos a Oceanografía, a pesar de ser una empresa observada por la autoridad. ¿Por qué la Función Pública no reclamó el hecho? ¿Es posible que Vega Casillas no tuviera noticia de las irregularidades? Cuando proceda la investigación contra Amado Yáñez, este legislador tendrá que rendir cuentas y entonces enfrentará éstas y varias otras duras interrogantes.

El tercero en la lista es el senador García Cabeza de Vaca. Fue diputado, durante la legislatura 58, donde conoció y construyó amistad con su colega Juan Camilo Mouriño. Las notas periodísticas que reportan la relación entre ambos se intensificó hacia 2007, cuando el ahora senador pretendió contender como candidato a la gubernatura de Tamaulipas bajo las siglas del PAN. García Cabeza de Vaca afirmaba entonces contar con el afecto y respaldo político del campechano. Si llegara a probarse vinculación de negocios entre Ávila y Mouriño, a propósito de Oceanografía, este representante popular será arrojado también al escrutinio público.

El cuarto senador que abandonó la mesa de la ley energética es Francisco Domínguez Servién. Al parecer, de los cuatro panistas, es el único que no tiene liga alguna con el asunto.

Como si la información anterior no fuera suficiente para provocar sospechas, se ha filtrado que Fernando Gómez Mont, sucesor de Juan Camilo Mouriño en la secretaría de Gobernación, será el abogado defensor de Amado Yáñez y su emporio en ruinas.

Es una torpeza grande del PAN que sus dirigentes hayan decidido cerrar filas a propósito del caso Oceanografía. Más allá de las eventuales intenciones políticas del PRI detrás de esta cacería, es obvio que ese buque hace agua por muchos lados y que en su hundimiento arrastrará sin remedio, hacia el fondo del mar, a todos los que tengan atado su cuello al mástil.

Una última y obligada pregunta: ¿el senador Preciado está pidiendo que se deslinden y aclaren responsabilidades o quiere inmunidad para sus senadores? Resulta indignante, por no decir vomitivo, ver al PAN exigiendo impunidad a cambio de aprobar la ley energética. Tanto más grave será si sus dirigentes obstruyen a la justicia deliberadamente.

 

www.ricardoraphael.com
@ricardomraphael
Periodista



Editorial EL UNIVERSAL The hooks in social networks


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