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Porfirio Muñoz Ledo

Constitucionalismo que viene

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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08 de marzo de 2014

La insatisfacción ciudadana frente a los paradigmas de la democracia representativa ha demostrado que ésta ya es insuficiente para resolver las demandas de una sociedad decisoria y participativa. El descrédito que merecen en las encuestas la clase política, los partidos y los órganos parlamentarios subraya no sólo la distancia entre gobernantes y gobernados sino que invita a imaginar otros modos de inserción de las personas y de sus organizaciones en las instituciones republicanas.

Los acontecimientos recientes en otros países indican que la marginación ciudadana puede conducir a manifestaciones que si bien provocan la caída de regímenes autoritarios ponen en riesgo la sobrevivencia misma del Estado. Es por ello que las sociedades del futuro exigen nuevas arquitecturas constitucionales que hagan posible su realización democrática y el rescate de la soberanía popular.

Las tendencias contemporáneas de toda reforma política, particularmente en América Latina, han apostado por la ampliación de los derechos y la incorporación de figuras democráticas emergentes. En caso de aprobarse las reformas a la Constitución Federal para dotar de plena autonomía política a la Ciudad de México, hará eclosión un ánimo constituyente en la capital y se multiplicarán las propuestas que hasta ahora se han presentado. Para algunos, se trata de un “pacto fundacional” abierto a la ciudanía, en el que habrá que hacer acopio de imaginación y de concreción. Se piensa en una Constitución “de principios” que dejara a leyes reglamentarias todo lo que resultase secundario. Sería, tanto por su contenido como por su orden sistémico, un modelo a seguir y el anticipo de una Constitución de la República totalmente renovada, de la que ya se habla con insistencia.

Si en otras constituciones las cuestiones centrales a dirimir fueron soberanía, derechos humanos y libertades públicas, el estado laico, la forma de gobierno, la propiedad de la tierra y de los recursos naturales; además del reforzamiento de las anteriores, hoy hay que atender el problema del poder: cómo se genera, cómo se articula, cómo se ejerce y para quien se ejerce. Esta ciudad debiera promover una transformación de gran calado que establezca una nueva relación democrática entre las autoridades y la sociedad mediante la plena inserción de la ciudadanía en las decisiones públicas. Es indispensable incluir directamente a la población en la elaboración de las políticas públicas e incorporarnos también en consejos consultivos de los órganos del Estado y en los diversos organismos autónomos.

La crítica al funcionamiento de las instituciones demuestra que no basta con elegir de modo limpio y equitativo a las autoridades. Es indispensable establecer y profundizar formas de democracia directa como referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocación del mandato y remoción de autoridades; pero es indispensable que estos procesos no estén sujetos a la conveniencia ni a los intereses de los partidos. Resulta importante, el funcionamiento de las candidaturas independientes para cargos de elección popular e inclusión de los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de servicios públicos. Todas estas reformas deben ser implantadas en términos de razonabilidad, eficacia y equidad.

Los temores respecto a la implementación de las candidaturas ciudadanas pueden ser resueltos mediante disposiciones legales que eviten la injerencia indebida de los poderes facticos, la utilización de recursos de procedencia ilícita y la ausencia de significación en las candidaturas. Es preciso recordar que en los siglos XVIII y XIX existieron severas críticas contra los partidos que pretendían excluir a los candidatos independientes de las listas. En México si bien se estableció en 1918 el derecho del ciudadano a presentarse por sí mismo como candidato, esta prerrogativa fue abolida en 1946. Los excesos de la llamada partidocracia llevaron, después de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la reforma de los artículos 35 y 41 que restauran las candidaturas independientes. Aun encontrándose pendiente la legislación reglamentaria, es evidente que dicho principio deberá aplicarse en la conformación del constituyente de la Ciudad de México. Esa sería su primera gran innovación democrática.

Comisionado para la reforma política del DF



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