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Porfirio Muñoz Ledo

La captura: oportunidad y desafío

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD, senador, di ...

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01 de marzo de 2014

Hace una semana amanecimos con la noticia de la captura —aparentemente fácil, y evidentemente tardía— del narcotraficante más buscado durante los últimos 20 años. La mítica imbatibilidad del capo generó una campaña mediática para maximizar el sentido de la aprehensión. También generó reflexiones sobre la actuación de la DEA y la red de complicidades que lo mantenía en libertad.

Afirmar que la caída de El Chapo Guzmán es un triunfo de la actual administración federal sobre la delincuencia es una verdad a medias, porque no significa el desmantelamiento del cártel que dirigía, ni de ningún. Todos sabemos que el abatimiento de un jefe de la delincuencia organizada propicia la multiplicación de liderazgos emergentes, su diseminación geográfica, así como la competencia de nuevas plazas, lo que dramáticamente está ocurriendo en Michoacán.

La detención de un delincuente de gran calado representa un golpe político, que en este caso permite extender en el extranjero el bono de confianza que muchos países han dado a Peña Nieto. Además la captura de un líder que encabeza de una red enorme de empresas, políticos y de intermediarios, es susceptible de generar información útil para el combate a la criminalidad. En vez de exacerbar las expresiones triunfalistas, lo ocurrido permitiría trazar una nueva estrategia proporcional a la complejidad del fenómeno, en sustitución a la que este gobierno heredó de la anterior, y que ha sido una catástrofe. Según Buscaglia nuestro país ha cumplido solo el 46% de las medidas establecidas en la Convención de Palermo y el 23% de las contenidas en la Convención de Mérida. En la práctica, somos el frente de batalla de Estados Unidos: ellos ponen las armas y nosotros los muertos. En 40 años el consumo se ha elevado de modo imparable en ese país, y los intereses económicos que lo sostienen están también instalados del otro lado de la frontera.

La política de seguridad seguida hasta ahora no ataca las raíces del problema. Habida cuenta de los niveles de corrupción y de la creciente penetración de las organizaciones delictivas en la estructura política y económica del país, se ha acentuado la espiral de violencia, impulsando inclusive —según Leonardo Sciascia— la propensión de la maquinaria estatal para trocarse en una maquinaria criminal.

La incapacidad del Estado mexicano para emprender una reforma integral de las instituciones ha permitido la captura de funciones estratégicas por parte de los poderes facticos, incluida la delincuencia organizada. No se han reformado los controles de confianza necesarios para asegurar que los servidores públicos no sean infiltrados por el hampa. El crimen ha penetrado en la alta esfera política y económica nacional, lo que le ha permitido establecer áreas estratégicas que vinculan un complejo ilegal con otro que opera en el marco de la ley. Como dice Enzensberger, han construido una estructura paralela al Estado.

Lo que el gobierno de México debiera anunciar sería un programa político, económico y legal que rompa estas cadenas de complicidad: la coordinación eficiente entre autoridades hacendarias, policiales y judiciales que apunten al desmantelamiento patrimonial de empresas criminales y firmas ligadas a organizaciones delictivas; combate de la corrupción política al más alto nivel y uso exhaustivo de mecanismo judiciales para castigar a los implicados; un nivel más alto de coordinación y cooperación entre México y otros Estados- basta considerar que actualmente el Cártel de Sinaloa tiene empresas en cuando menos 54 países del mundo; una red nacional de prevención social del delito con la cooperación de la sociedad que abarque factores de riesgo ligados a la salud, la educación, el mercado laboral, la violencia intrafamiliar y la infraestructura social que explican la multitud de jóvenes reclutados por las pandillas y grupos criminales.

No puede dejarse a un lado el debate sobre la desregularización de la cannabis que avanza en Estados Unidos y Sudamérica. Esta no es una historia de policías y bandidos en que la desaparición del rival provoca la errónea sensación que el fin del crimen esta cerca, cuando no se ha combatido el mal desde sus cimientos. Lo que requerimos es la reconstrucción de las instituciones y no abonar a la simulación.

Comisionado para la reforma política del DF



Editorial EL UNIVERSAL Autodefensas con doble filo


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