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Lorenzo Córdova Vianello

Focos amarillos

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investi ...

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21 de febrero de 2014

Con la publicación de la reforma constitucional en materia político-electoral el pasado 10 de febrero se detonaron los plazos para que, por un lado, el Poder Legislativo federal cree las nuevas leyes o modifique las existentes (antes del 30 de abril próximo) para hacerlas congruentes con las nuevas premisas constitucionales y regule las muchas novedades que se incorporan y, por otro lado, para que la Cámara de Diputados nombre dentro de los 120 días siguientes a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Hablando sólo de la dimensión electoral de la reforma (que como se sabe aborda otros temas), cumplir bien y en tiempo con esos dos mandatos es indispensable para que el complejo nacimiento del INE —pero sobre todo la adecuada instrumentación de la reforma— se lleve a buen puerto.

Los márgenes de improvisación son prácticamente nulos si se piensa el tamaño de la puesta en juego el próximo año: además de la renovación total de la Cámara de Diputados se realizarán elecciones en 17 entidades federativas en nueve de las cuales, además, están en disputa las gubernaturas. Un escenario tan complejo hace indispensable tomarse muy en serio la difícil labor legislativa en materia electoral.

Una legislación mal hecha, realizada a destiempo, o bien de manera incompleta, así como no integrar al nuevo órgano electoral nacional adecuadamente y dentro de los plazos planteados, puede actualizar el funesto escenario en el que las elecciones de 2015 tengan que organizarse con reglas inciertas y ambiguas y, en su caso, por autoridades sin la legitimidad jurídica y política adecuada.

Los antecedentes no ayudan a alentar el optimismo. En la última década son copiosos los ejemplos de incumplimiento en la expedición de normas en los tiempos fijados por los regímenes transitorios de las diversas reformas constitucionales. Parecería que los plazos fijados son más una sugerencia que un término fatal. Para no ir más lejos, hoy todavía están pendientes de legislarse al menos un par de normas derivadas de la reforma electoral de 2007: la ley del derecho de réplica y la ley reglamentaria del artículo 134 a propósito de la prohibición de propaganda gubernamental personalizada.

También por lo que hace al nombramiento de consejeros electorales —en las tres últimas ocasiones— éste se ha realizado a destiempo, o no se ha realizado, colocando al IFE en una situación de operación, para decir lo menos, inadecuada.

La envergadura de la actual reforma (que implica en muchos sentidos una refundación del sistema y, particularmente, de la institucionalidad electoral), hace que una eventual nueva omisión en la expedición oportuna de las leyes reglamentarias y en la conformación del nuevo órgano electoral nacional, nos coloque a todos en una zona de riesgo; y eso tenemos que evitarlo a toda costa.

La tarea es complicada pero no imposible de realizar. Aunque ello implica privilegiar el consenso —por lo que hace al procesamiento político del tramo por venir de la reforma— y la prudencia y precisión técnica —por lo que hace a la dimensión sustantiva, es decir a los contenidos de la misma—.

En una intensa ronda de interlocución con diversos actores, realizada en las últimas semanas, el IFE ha señalado un conjunto de preocupaciones técnicas y operativas que deberían solventarse en las leyes secundarias para que las futuras elecciones puedan realizarse sin sobresaltos a la luz del nuevo marco constitucional. Además, ha puesto a disposición de las fuerzas políticas y de los legisladores responsables de conducir el tramo por venir en el proceso de reforma el conocimiento técnico acumulado a lo largo de más de dos décadas de organizar procesos electorales.

Creo que las preocupaciones que el IFE ha manifestado han sido entendidas e incluso compartidas por esos interlocutores. Entender los retos inmediatos y la urgencia que los mismos suponen es un primer buen paso para poner manos a la obra.

Hoy el tiempo es un bien escaso. La reforma anticipa la elección de 2015 al primer domingo de junio (no de julio como ocurría hasta ahora) y ello supone que, con toda probabilidad, el inicio formal del proceso electoral tenga que anticiparse a la primera semana de septiembre de este año (y no de octubre como venía sucediendo). Si eso es así, la posibilidad para modificar las normas (incluidas leyes y reglamentos), vista la prohibición constitucional de realizar cambios a partir de los noventa días previos al inicio del proceso, caduca a principios de junio próximo (escasos tres meses y medio).

Es indispensable, pues, apurar el paso, pero sobre todo, hacer bien el trabajo pendiente.

 

Consejero electoral del IFE



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