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Editorial EL UNIVERSAL

Extorsión de la autoridad

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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18 de febrero de 2014

México es uno de los países en el mundo en los que abrir un negocio es muy tardado: meses, cuando en otros países es cuestión de días, si no es que de horas. La aventura de dirigir una empresa tiene que salvar primero los escollos burocráticos de su constitución formal; ya luego enfrentar la natural competencia en su ramo de actividad; sortear las crisis económica y baja del poder adquisitivo de la población; hacer frente a sus obligaciones fiscales y las derivadas de ser patrón empleador; y al final, para redondear el cuadro, pagar el impuesto más injusto de todos: el de la corrupción de funcionarios públicos que ofrecen liberar cada paso de los anteriores “sin interferencias”.

La percepción que como país tenemos en materia de honestidad de nuestros funcionarios suele ser muy deficiente, no tanto como producto de nuestra certeza de que los altos funcionarios de la burocracia estatal se enriquecen ilícitamente, sino por el explícito comportamiento de los empleados que tienen el contacto directo con la población y, por lo mismo, el poder de extorsionar a sus víctimas cautivas, necesitadas de la liberación de trámites para seguir funcionando.

Este es el caso que hoy reporta este diario, en el que —bajo amenazas de enviar una auditoría o retirar el registro patronal— un servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) extorsionó a la compañía “Especialistas en Voceo S.A de C.V.” La denuncia de los hechos activó el operativo “Usuario Simulado”, a partir del cual, en el momento de recibir parte de la suma exigida, el empleado fue detenido en flagrancia por la Procuraduría General de la República (PGR).

El caso dista de ser una mera anécdota con final feliz. Ciertamente los mecanismos de control anticorrupción funcionaron: desde el IMSS y su Órgano Interno de Control —dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP)— hasta la Procuraduría General de la República. La pregunta es: ¿cuántos casos similares estarán sucediendo en el país, en el que los afectados, con tal de quitarse esa presión de encima, están pagando sobornos a personajes de este tipo?

Existe el compromiso de todas las dependencias, en los tres niveles de gobierno, de erradicar estas prácticas, pero en los hechos se siguen dando. La corrupción a las empresas es un lastre para la competitividad del país y un peligroso enemigo del Estado de derecho. 



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