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Francisco Valdés Ugalde

Constitución y conflicto

Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México.

Sus actuales líneas de investigación son la teoría de las insti ...

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09 de febrero de 2014

Las constituciones no son hechas por académicos sino por fuerzas relevantes con capacidad de organización, representación y decisión en cada momento histórico. Y las hacen de varios modos, a veces luego de periodos de violencia revolucionaria o del desplome de regímenes por causas internas o externas. La naturaleza de los conflictos entre esas fuerzas relevantes y sus “soluciones” son la clave para entender el proceso de instauración y reforma constitucional.

En 1916, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, convocó al Congreso Constituyente que se reunió el primero de diciembre de ese año y dio origen a la Constitución de 1917 (“…que reforma la Constitución del 5 de febrero de 1857”). El poder para convocar a ese constituyente devenía de la presencia de una fuerza relevante y, por primera vez en mucho tiempo, predominante: el Ejército Constitucionalista reunido por Carranza. Sin esta fuerza militar, que consigue el monopolio de la violencia legítima luego de la guerra civil de 1913 a 1916, el Constituyente de Querétaro habría fracasado de la misma manera que la Convención de Aguascalientes, dominada por las fuerzas de Francisco Villa al mando del Ejercito Convencionista y enfrentado con Carranza. Sólo cuando este último sometió a las otras facciones militares se procedió a la reconstrucción del Estado con base en la Constitución.

Pero el diseño democrático, representativo y federal que escribieron los Constituyentes del 17 con base en el proyecto enviado por Carranza resultó inviable. Si bien se había logrado controlar la fuerza militar, los conflictos en la coalición gobernante dieron por resultado el caudillato de Álvaro Obregón y luego el Maximato de Plutarco Elías Calles a la muerte de aquél. La sangría postrevolucionaria eliminó sucesivamente a Zapata, Carranza, Villa y Obregón (no entro en las razones de cada asesinato), y tuvieron repercusiones constitucionales importantes.

El bipartidismo imaginado por el Constituyente nunca llegó, de ahí que los conflictos entre las fuerzas dominantes se encauzaran con la formación del partido único y a la postre hegemónico, así como del presidencialismo, del sometimiento del Poder Judicial, de la eliminación de la democracia constitucional diseñada en 1917, de la supeditación centralista de municipios y estados, del control antidemocrático del voto y la organización corporativa de las “fuerzas vivas”, tanto de abajo como de arriba.

Todos estos cambios fueron resultado de conflictos constitucionales entre las fuerzas determinantes. En diversos casos, las modificaciones a la Constitución fueron útiles para consolidar al Estado autoritario, para distribuir la tierra, para organizar a los obreros, para afirmar la rectoría económica del Estado, etcétera. Al concluir el ciclo del sistema presidencialista de partido hegemónico, conclusión que, por cierto, nos ha llevado más de 35 años, aparecieron nuevas fuerzas relevantes. Mientras que la organización de partidos políticos nuevos en los años anteriores a 1977 no tenía relevancia para una verdadera alternancia en el poder, ni alcanzaban una representatividad suficiente de la ciudadanía para alterar las correlaciones de fuerza, su crecimiento condujo a reformas del sistema político, que comenzaron por tibias aperturas y concluyeron en el pluralismo de partidos y la alternancia en el poder. Entre la introducción de la figura de los “diputados de partido” en 1962 y el fin de la hegemonía del PRI en 1997 pasaron 35 años. Cada uno de los cambios que condujeron a este resultado fueron producto de conflictos entre fuerzas relevantes que produjeron acuerdos políticos que se plasmaron en la Constitución.

Aunque los anteriores son solamente unos ejemplos, en cada uno de esos cambios las fuerzas determinantes recurrieron al mecanismo del artículo 135 para reformar o adicionar la Constitución. A la fórmula establecida por ese precepto constitucional subyace una concepción del carácter representativo del llamado Poder Constituyente, que confía en que los cambios realizados por esa vía sean representativos de la opinión de los ciudadanos mediante sus representantes electos. Podemos distinguir dos etapas en que hay una diferencia fundamental en esta representatividad: la autoritaria y la democrática. Entre 1924 y finales de los ochenta del siglo pasado la libertad de los ciudadanos para designar a sus representantes fue limitada por el control autoritario del sistema electoral. Sólo en los últimos 17 años ha habido elecciones independientes del gobierno y una competencia efectiva entre opciones partidarias. Desde este punto de vista, las reformas constitucionales de estas casi dos décadas son más representativas, en un sentido democrático, de las fuerzas en competencia.

No obstante, cabe preguntarse si el nuestro, aun siendo un sistema poliárquico, representa adecuadamente la voz de la ciudadanía. A juzgar por el repudio de la opinión pública a los partidos y la debilidad de los mecanismos para que los ciudadanos se hagan oír estamos lejos de una representatividad política de calidad. Sólo si surgen fuerzas relevantes para garantizarla será constitucionalmente viable.

 

@pacovaldesu
Director de Flacso en México



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Editorial EL UNIVERSAL Consultorios en las sombras


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