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Jorge A. Chávez Presa

La Constitución y la economía

Consultor especializado en temas de finanzas públicas, presupuesto y energía. Fue secretario general de la Fundación Colosio A.C. Diputado ...

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08 de febrero de 2014

El 97 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (CPEUM) tiene un significado muy especial. Se da después de que el Constituyente Permanente - i.e. que más de dos terceras partes de los legisladores en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y cuando menos 16 congresos estatales - aprobara profundas reformas en materia de educación, competencia económica, telecomunicaciones, energía y los temas político electorales. Cada una de éstas tendrá efectos significativos en el desempeño de la economía y en la relación entre la sociedad y el Estado. Sin lugar a dudas, estas reformas representan la cosecha más importante de trabajo político de las últimas dos décadas y de la alternancia con grandes expectativas de mejoría en el bienestar de toda la población.

Desde 1981 a la fecha, el desempeño de la economía mexicana ha dejado mucho que desear. A veces se nos olvida que 1982 fue un parteaguas. La expropiación bancaria, la cual a posteriori reformó la CPEUM, acompañada de un control a la libre convertibilidad de la moneda, trastocó no sólo al sistema financiero, sino la relación entre el Estado y los particulares. Terminó con la certeza jurídica que tenían los ahorradores y los empresarios. Más aún, redujo drásticamente el ámbito y el espacio económico en el cual se podían mover los particulares.

El Estado sumaba a sus actividades reservadas el servicio de banca y crédito. Después de este hito, y con la entrada de una nueva administración, se introdujeron textos nuevos a los artículos 25 y 26, y se reformaron los artículos 27 y 28 de la CPEUM. Todo ello, para darle orden a un Estado propietario que había crecido sin sentido al incursionar prácticamente en todas las actividades económicas. Recuérdese que las empresas y organismos bajo control del Estado llegaron a concentrar cerca del 40% del PIB.

Destaca también el nuevo léxico que se introdujo en ese entonces. Se inauguraban palabras más cercanas a las prácticas de conducción económica del mundo soviético y las dictaduras totalitarias. Se introdujeron términos como: planeación democrática, rectoría del Estado, actividades estratégicas, actividades prioritarias. Así, la CPEUM le daba un nuevo significado a la palabra “estratégica”. En el ámbito del sector público las “áreas estratégicas” las volvía sinónimo de monopolio de Estado.

Ahora, con la recién aprobada reforma energética se abre la oportunidad para darle un fuerte impulso a la economía. Definitivamente es un cambio de régimen. Se pasará del monopolio de Estado en la exploración, producción, transformación, transporte y distribución de los hidrocarburos, así como en la generación de electricidad, a un modelo que permita sumar inversión privada, nacional y extranjera, a lo que ya hacen y podrán hacer Pemex y CFE, bajo la modalidad de empresas productivas. La oportunidad a desarrollar está en dos frentes: el primero, está en el mismo sector energético, el cual impulse el desarrollo de industrias en petróleo y electricidad con un número importante de jugadores, que a su vez detonen el suministro de bienes de capital e insumos de contenido nacional por las ventajas comparativas y competitivas de la industria nacional; el segundo, es que con más inversión en hidrocarburos y electricidad, esto se traduzca en un aumento de la oferta de energía a precios competitivos, principalmente gas natural y electricidad, que vuelva a la economía mexicana un lugar más atractivo para venir a producir.

Todavía falta camino por recorrer; es muy temprano para echar las campanas al vuelo. Indiscutiblemente estas reformas constitucionales dan certeza; pero lo avanzado puede echarse a perder si no se logra concretar un diseño institucional que asegure que el piso va a ser parejo, que habrá árbitros imparciales y que prevalecerán la transparencia y la honestidad.

Esto es parte de lo que va a determinarse en la legislación secundaria que analice y apruebe el Congreso de la Unión, los reglamentos que publique el Ejecutivo Federal y la conformación de los órganos que alberguen a los árbitros y supervisores, pues Pemex y CFE dejarán de serlo. Al haber mucho dinero de por medio, tanto público como privado, seguramente habrá fricciones y se gesten controversias. Por eso es fundamental que desde el inicio el Estado, a través de sus autoridades energética y de hacienda pública, y sus árbitros y supervisores, se hagan de una muy buena reputación con los mexicanos y los inversionistas. La mejor celebración que se puede hacer con cada aniversario de la promulgación de la CPEUM, es que se cumple y en su caso se reforma para adaptarla a nuestras nuevas circunstancias.

 

Economista



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