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Miguel Barbosa Huerta

En defensa de la Constitución

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05 de febrero de 2014

Ante las recientes reformas en materia energética, las efemérides oficiales organizadas por el gobierno de derecha del presidente Enrique Peña Nieto para conmemorar la promulgación de la Constitución aparecen como huecas. Este 5 de febrero no hay nada que celebrar. Nuestra Carta Magna ha sido violentada en las decisiones fundamentales que la inspiraron en 1917.

Hace casi un siglo, después de siete años de guerra civil —que a esas alturas del conflicto ya había sembrado al país de muertos, terminado con la dictadura de Porfirio Díaz y costado la vida a Francisco I. Madero, y cuando las distintas facciones revolucionarias se disputaban la conducción del movimiento revolucionario— las mentes más visionarias de aquellos años tuvieron la capacidad de convocar a un Congreso Constituyente, que discutiera y aprobara una Constitución que abriera el camino para la paz al incluir en su texto las demandas de tierra, trabajo y democracia que motivaron el levantamiento armado para delinear al México del siglo XX como un país soberano, de derechos, de leyes y de protección social. De 1917 a la fecha, de acuerdo a diversos estudios, la Constitución se ha modificado en más de 500 ocasiones, con lo cual difícilmente puede reconocerse a sí misma.

El Centenario de la promulgación de la Constitución será el momento ideal de sumar esfuerzos para impulsar la defensa de nuestra Carta Magna, con el propósito de que ésta recupere su carácter de Pacto Social fundante de la nación mexicana y se convierta en la ruta de navegación del país que deseamos construir para las siguientes generaciones.

Para que la Constitución recupere su carácter de Pacto Social es necesario crear una relación de identidad y pertenencia de la sociedad con su máximo ordenamiento jurídico. Un dato salta a la vista: de acuerdo a estudios de opinión en la materia realizados en 2011, el 90% de los entrevistados aceptaron que conocen “poco” o “nada” la Constitución. Una de las razones por las cuales la población desconoce a la Constitución está en el hecho de que no participa efectivamente en sus reformas. El establecimiento de las formas de democracia directa como la consulta popular, plebiscito y referéndum servirán para estrechar la relación entre ciudadanía y Constitución.

Para que la Constitución recupere su perfil de carta de navegación en el siglo XXI, será necesario ubicarla como el ordenamiento jurídico que define con claridad, precisión y método las decisiones fundamentales del Estado y dejar de ser un compendio de leyes reglamentarias en varios de sus artículos. Diversos juristas y especialistas alertan de esta situación. Enlistan, además de su crecimiento en dimensiones, al pasar de 22 mil palabras en el texto original a unas 60 mil palabras, aspectos como: obesidad, dislexia, irresponsabilidad presupuestal, inobservancia tolerada, consecuencias todas de una cultura jurídica proclive a la solemnidad verbal, la sensiblería histórica, el formalismo vacío, el oportunismo político y el cinismo judicial.

Agregan que una de las grandes debilidades de nuestra Constitución es que no está hecha en lo fundamental para cumplirse, no tiene el peso de una norma que obliga, sino de un proyecto que ciudadanos y gobierno han de ir cumpliendo poco a poco, según sea posible.

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República se suma a los llamados de defensa de nuestra Constitución. Lo hará a través de acciones legislativas y en estrecho contacto con la sociedad.

 

Coordinador parlamentario del PRD en el Senado



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