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Ciro Murayama

Ocurrencias en la Constitución: el Coneval

Ciro Murayama. Ciudad de México (1971), es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor tit ...

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04 de febrero de 2014

La Constitución viene siendo objeto de tanta reforma que, como advierten distintos especialistas, puede perder coherencia hasta acabar en un diseño ininteligible del propio Estado mexicano. La Constitución no es intocable —su propio artículo 135 contempla cómo modificarla—, mas el punto es qué y cómo se cambia, pues hemos llegado a un grado de abaratamiento de las reformas constitucionales que bien valdría un alto en el camino antes de seguir por esa ruta.

A la Constitución se incorporan cada vez más detalles reglamentarios; sus artículos transitorios no son disposiciones efímeras sino una suerte de abigarrada normatividad adicional; los legisladores incumplen con alta frecuencia los plazos constitucionales para hacer adecuaciones legales —ya es más fácil cambiar la Constitución que una ley—, y asistimos a una fiebre de creación de órganos constitucionales autónomos.

El último periodo de sesiones del Congreso de la Unión ofrece varios ejemplos de cambios a la Constitución de discutible contenido. Me refiero ahora a la reforma que elevó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a rango de órgano constitucional autónomo.

El Coneval ha funcionado como un órgano técnico con la encomienda, desprendida de la Ley General de Desarrollo Social de 2004, de medir la pobreza y evaluar la política social. En el Consejo vienen participando el secretario —o la secretaria— de Desarrollo Social, seis académicos expertos en la materia, pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores y adscritos a instituciones académicas reconocidas en el padrón de excelencia del Conacyt; y completa al Coneval un secretario técnico.

Gracias a ese organismo conocemos con precisión la magnitud de la pobreza en el país, entidad por entidad, y México cuenta con una metodología rigurosa y transparente, de avanzada en el plano internacional, para medir las carencias sociales y de ingreso de la población. Es el Coneval, y los académicos que lo han integrado, quien nos alerta desde hace casi una década de forma periódica y precisa sobre los niveles de pobreza y de los abismos de desigualdad social. Y si el mapa de esa vergüenza mexicana no se modifica no es por responsabilidad del Coneval —o de que “no tenga dientes”— sino del grado de tolerancia que gobierno y el grueso de los miembros más favorecidos de la sociedad han desarrollado hacia la injusticia social en este país, como bien vimos a propósito de la idea de subir los impuestos directos con fines de redistribución.

Pues bien (pues mal), a partir de la última reforma constitucional político y electoral el Coneval (¿por qué lo meterían, por cierto, en ese paquete?) será un órgano constitucional autónomo como el Banco de México, la CNDH, el Ifetel, la Cofeco, el INEGI, el INEE de la educación, el INE electoral y el IFAI. Pero no hubo una discusión amplia entre académicos ni consulta legislativa que sugiriera la necesidad de la autonomía constitucional del Coneval, ni la falta de ésta significó algún sesgo en su labor técnica durante estos años.

Ahora los siete miembros del Coneval serán designados por la Cámara de Diputados y ya podemos anticipar la controversia partidista para decidir la nueva integración: la oposición querrá a sus consejeros, el partido en el gobierno a los suyos, volviendo manzana de la discordia unas cifras de la pobreza que se venían produciendo con objetividad. Con la reforma se politiza el trabajo de un órgano técnico que venía laborando bien y se echó por la borda la elemental conseja de que si algo funciona correctamente no hay por qué tocarlo.

Más allá de este caso específico conviene discutir si para cada función del Estado hay que crear un órgano constitucional autónomo. No parece ser la ruta idónea. Habrá que replantearse de cara a su centenario el diseño de la Carta Magna, evitando que ocurrencias a la carta acaben plasmadas en la Constitución.

 

@ciromurayama
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM



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