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Ezra Shabot

Constitución

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Ezra Shabot Askenazi estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, UN ...

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03 de febrero de 2014

A casi un siglo de promulgada la Constitución de 1917, ésta sigue siendo un documento que, a pesar de sus múltiples modificaciones a lo largo de este tiempo, continúa sirviendo como referencia obligada para definir qué tipo de país se pretende construir en el mediano plazo. Durante muchos años, la Carta Magna fue más un documento histórico propio de un régimen presidencialista absoluto, que un instrumento legal para establecer límites a los poderes públicos y derechos a los ciudadanos. El texto fue usado para legitimar cualquier decisión del Ejecutivo federal por absurda que fuera.

Por esta razón el texto constitucional tuvo que sufrir múltiples modificaciones a partir de la transición democrática, ya que el andamiaje legal era contradictorio con las aspiraciones de pluralidad. Por principio de cuentas la necesidad de establecer una real división de poderes obligaba a reducir significativamente las facultades legales y extralegales que el Presidente poseía, abriendo el camino a poderes autónomos en el Legislativo y el Judicial.

Esta nueva situación generó conflictos derivados de nuevas leyes que, sin una adecuación constitucional, terminaban por producir controversias constantes ante la Suprema Corte. La propuesta de una reforma energética, así como nuevas condiciones económicas mundiales para atraer capitales, consiguieron modificar la Constitución para permitir la entrada de capitales privados, rompiendo con las trabas propias de un modelo cerrado, incapaz de generar confianza en los grandes inversionistas. La clase política mexicana con todas sus divisiones e intereses, por fin pudo comenzar a adecuar su proyecto político a las necesidades del país.

Por otro lado, la reforma político–electoral se sitúa en un contexto que permite pensar en una nueva forma de relacionarse entre poderes. Esto por supuesto ante la urgencia de aprobar las leyes secundarias que le den coherencia al sistema en su conjunto. Se trata de evitar la reedición de un Ejecutivo todopoderoso, así como el reforzamiento de un Congreso saboteador de cuanto proyecto presente el Presidente. La contención de los gobernadores es otro tema para la conformación de un nuevo federalismo, donde la responsabilidad por cobrar impuestos y transparentar gastos sirva para limitar los abusos de autoridades estatales, que hasta ahora han usado el erario para beneficio propio.

Con los cambios aprobados en años recientes, y más aún en los últimos doce meses, la Constitución Mexicana de hoy se presenta como un texto radicalmente distinto al aprobado hace casi un siglo. A pesar de que formalmente se trata del mismo documento legal, el manuscrito original era un acuerdo político de caudillos para intentar construir un país diferente al del porfiriato, lo que tampoco fue muy exitoso. La Constitución hoy vigente intenta redefinir límites para los actores políticos del momento, pero también desmontar parte del andamiaje legal que servía a un presidencialismo absoluto hoy inexistente, así como a un modelo económico altamente aislado del exterior.

Plantear la necesidad de una nueva Constitución es hoy inviable en todos sentidos, ya que requeriría un nuevo “Pacto por México” de largo plazo y alcance. Sin embargo con los avances obtenidos hasta el momento, el problema no es ya de leyes anacrónicas y obsoletas, sino de la aplicación de las normas en un estado de derecho. La legalidad no ha sido el fuerte del Estado mexicano, y es ahí donde queda una gran tarea pendiente. Ministerios públicos, jueces y magistrados son hoy la pieza clave para que los cambios aprobados sean una realidad.

 

Twitter@ezshabot
Analista político



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Editorial EL UNIVERSAL Corrupción en Poder Judicial


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