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Francisco Valdés Ugalde

¿Qué tan Magna es nuestra Carta?

Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México.

Sus actuales líneas de investigación son la teoría de las insti ...

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02 de febrero de 2014

Las reformas constitucionales recientes, particularmente la llamada “energética”, son motivo de debate y controversia, al grado de que varios grupos han interpuesto amparos contra ella reclamando razones de fondo así como de procedimiento. En lo primero, el tono mayor es la tesis de que hay “decisiones fundamentales” que no pueden ser modificadas legítimamente por el Poder Constituyente, según el artículo 135 que prevé la reformas a la Constitución. En lo segundo, se reclama que el procedimiento ejecutado no cumplió con tiempos y formas para alcanzar la legalidad y la legitimidad necesarias. Por uno o por ambos tipos de razones deberá pronunciarse el Poder Judicial, y posiblemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación si, como exigen los demandantes, ésta atrae la materia a su atención.

La tesis que sostiene que una determinada reforma, sea cual sea, modifica una “decisión fundamental” puede ser cierta, pero no necesariamente sería inconstitucional. Pongamos por caso que los demandantes sostienen que la reforma energética es inconstitucional bajo la hipótesis de que estaría modificando una decisión fundamental. ¿Cuál sería esta decisión que se altera? A mi juicio sería el dominio nacional sobre los hidrocarburos. En dicho caso el Poder Judicial debería determinar si efectivamente esto es así.

Pero si la trayectoria histórica de reformas a la Constitución se mira bien puede argumentarse que las reformas de 1928 y 1933, bajo el mismo procedimiento del artículo 135, podrían caer en el supuesto de violentar una decisión tan fundamental como la anterior, a saber: que: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación según los principios de esta ley fundamental” (artículo 40). El texto es casi idéntico al de 1917 salvo por el término “laica” que se agregó en 2012.

A nadie escapa que en 1928 y 1933 las reformas a 24 artículos constitucionales establecieron las bases del sistema presidencialista de partido hegemónico, que no fue democrático, ni representativo, ni permitió “Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”. A la luz de este ejemplo, no sería temerario proponer un amparo contra aquellas reformas y terminar de una vez por todas con el quizás infinito proceso de reforma del autoritarismo en democracia que nos ocupa desde hace décadas. Volveríamos así al texto de 1917 con lo que resucitaría el municipio libre, la reelección consecutiva e indefinida de legisladores y alcaldes, y que devolvería la potestad de las legislaturas estatales para ser el origen la soberanía política de los estados y de la nominación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin intervención del Ejecutivo. La combinación de esos tres factores pensados por el Constituyente de 1917 (por cierto, reformador del Constituyente de 1857), nos devolvería el equilibrio de poderes, incrementaría la representatividad del sistema político de abajo hacia arriba (municipio libre) y un sistema federal equitativo en lo fiscal y lo político.

Pongo este ejemplo porque, salvo la modificación por parte de Álvaro Obregón de los artículos 82 y 83 para reelegirse presidente, fue también el cambio de una “decisión fundamental” de la nación que el Poder Constituyente no tuvo empacho en realizar, poner en efecto y, luego del asesinato del caudillo, restaurar el status quo ante. De estos ejemplos, a los que podríamos agregar muchos más, se desprende una pregunta: ¿cuál es el limite del Poder Constituyente cuando “adiciona o reforma” la Constitución según el artículo 135?

¿Es una “decisión fundamental” que no haya sobrerrepresentación en las cámaras salvo en circunstancias específicas, o es un dato secundario y accidental? Según el artículo 39 “el pueblo mexicano tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o cambiar la forma de su gobierno”. Si la sociedad mexicana, sus ciudadanos, decidiese cambiar el sistema presidencial por uno parlamentario o por cualquier otro ¿se estaría violentando una decisión fundamental o prevalecería el “derecho inalienable” definido por el 39?

México está en la infancia por lo que se refiere a tribunal de constitucionalidad. También se mira en el espejo de una tradición traicionera: el abuso de la “reformabilidad” de la Constitución desde apenas una década de que fue promulgada ha resultado en un texto deforme, hipertrofiado y voluble que se identifica poco con la idea de esa norma suprema estable y permanente que teóricamente es una Constitución. Acaso descubriremos que hemos hecho de la Carta Magna un sistema de reglamentos secundarios y de que de aquella quizá queda poca dignidad filosófica; que ha sido una forma de darle la vuelta a la tradición sin salir de las pesadillas que nos provoca.

 

@pacovaldesu
Director de Flacso en México



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