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Editorial EL UNIVERSAL

Autodefensas e ilegalidad

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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14 de enero de 2014

Los llamados grupos de autodefensa lanzan un reto al gobierno federal y al de Michoacán: no depondrán las armas si no se acaba primero con los grupos delincuenciales que dominan la entidad y no piensan convertirse en policías. Se asumen como brazos armados del pueblo, en reacción a la inoperancia de las autoridades para otorgarles seguridad. Pretenden ignorar el llamado de la Secretaría de Gobernación de entrar al orden y se mantienen en su objetivo de hacer justicia por propia mano.

Tal convocatoria a la ley de la selva no se justifica en un Estado democrático. Más cuando estos grupos armados, de corte paramilitar, mantienen un origen poco claro, así como financiamiento indeterminado. Primero deberíamos saber con total transparencia quiénes son, para ya luego decidir si son dignos de crédito y apoyo, pero siempre dentro del marco legal.

Uno puede entender el hartazgo social, ciudadano y empresarial a un fenómeno delincuencial como el michoacano, donde desde hace años grupos criminales asumieron los vacíos de poder estatal para imponer su ley, amedrentar a la población, cobrar derechos de piso, traficar con droga y asesinar a mansalva; todo, con apenas la tibia reacción de las autoridades locales y federales. Por supuesto que tal estado de indefensión indigna y propicia la reacción popular.

Sin embargo, tan pronto como surgieron en la zona de Tierra Caliente, colindante con Jalisco y Guerrero, despertaron sospechas. En algunos casos por su bien pertrechado armamento, sus modernos medios de radiocomunicación, así como por el uso de avionetas y sofisticados medios de transporte. Se notaba que no eran simples campesinos comunitarios defendiéndose de talamontes. ¿Qué hay detrás de ellos? Bien a bien no se sabe. Y ese es el problema, porque en el río revuelto de la inseguridad ya se pudo probar, en algunos casos, que cárteles enemigos de los locales aprovecharon la ocasión para disputarles “la plaza”, usando para ello precisamente la fachada de los grupos de autodefensa.

Las experiencias con este tipo de grupos en otros países nunca han sido buenas. Ni siquiera en los casos en los que su surgimiento fuera en legítima defensa propia. Por eso es importante que sepamos quiénes están detrás de ellos, cómo se financian y, sobre todo, que dejarán las armas, que son del uso exclusivo de las fuerzas del orden establecidas.

No transparentar ni meter al orden a las autodefensas abona en favor del Estado fallido, que en este caso no es sólo Michoacán, sino el mismo Estado mexicano.



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