aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Lorenzo Córdova Vianello

La reforma de la discrecionalidad electoral

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investi ...

Más de Lorenzo Córdova Vianello



06 de diciembre de 2013

Uno de los ejes primordiales del proceso de transición a la democracia en México fue el crear normas y procedimientos ciertos, claros y puntuales para organizar y llevar a cabo las elecciones. La idea era evidente: el conocimiento a priori por parte de todos los actores de las reglas del juego electoral era el punto de partida para construir una base de confianza en torno a los comicios por parte de todos los actores políticos en particular, y la sociedad en general.

Por esa razón las normas electorales, empezando por la Constitución y pasando por el Cofipe, han establecido de manera tan puntual y puntillosa los procedimientos que deben realizar las autoridades electorales, así como los tiempos y cambios a los que deben sujetarse.

José Woldenberg reiteradamente dijo que dichas leyes eran una detallada “carta de navegación” que guiaba al IFE en las elecciones, marcando tiempos, ritmos, actuaciones, inicio y cierre de etapas hasta llegar a la jornada electoral y el periodo de cómputo de votos y asignación de escaños.

La certeza en torno a las elecciones pasó por acotar la discrecionalidad de las autoridades electorales, fijar sus áreas de competencia y prever y fijar en las normas su actuar. Ese es el sentido, abonando en la idea anterior, por la que el artículo 105 de la Constitución establece que las leyes electorales deben promulgarse 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que van a aplicarse y que, durante el mismo, no puede haber cambios legales fundamentales.

En otras palabras, especificar y detallar las facultades del IFE para incrementar la certidumbre y la legitimidad electoral fue la ruta embocada frente la discrecionalidad que tenía la otrora Comisión Federal Electoral, de triste memoria.

La misma historia nos enseña que cuando a la autoridad electoral se le confieren atribuciones que suponen apreciaciones subjetivas, no necesariamente verificables, e imprevisibles, se abre la puerta a una insana discrecionalidad que mina la confianza y abre la puerta a la acusación de un sesgo político en su actuar, una intencionalidad política por parte de los contendientes.

Los cambios en curso de aprobación van en contrasentido de ese espíritu orientador. En vez de apostar por atribuciones ciertas y específicas para el nuevo INE y para los renovados órganos electorales locales, abre la puerta a una inédita y, me atrevo decir, riesgosa serie de facultades discrecionales.

Nunca antes la constitución había estado tan plagada de “podrá” o “podrán” al establecer las atribuciones de una autoridad electoral y, en consecuencia, dotar al INE de tantas potestades discrecionales.

Un par de ejemplos son ilustrativos: por un lado, se establece que el INE podrá “Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órgano electorales locales”; o bien, podrá “delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base…”, es decir, ni más ni menos, la capacitación electoral, la determinación de la geografía electoral, el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas y la designación de sus funcionarios, así como la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos y candidatos.

El problema es que esas atribuciones, algunas más, otras menos, pero todas al fin y al cabo, son y serán susceptibles de ser interpretadas por los partidos como decisiones inspiradas en una intencionalidad política. Con ello se abre la puerta a la desconfianza y la incertidumbre.

Permítanme un ejemplo para ilustrar el riesgo: supongamos que el INE determina que es necesario asumir la organización de unos comicios locales porque existe la sospecha (tan cacareada en los meses pasados por nuestros partidos) de que un gobierno estatal interfiera en los mismos. Pues me temo que el partido de cuyas filas el gobierno en cuestión emanó acusará al INE de actuar sesgadamente; y en caso de no atraer la organización de esas elecciones, los partidos de oposición acusaran al INE de complicidad con el gobierno local en turno.

Así de delicado, de grave (e irresponsable) es la reforma constitucional en materia electoral. ¡Bienvenida la discrecionalidad… y el riesgo!

 

Consejero Electoral del IFE



Editorial EL UNIVERSAL Lo que nos deja Mandela


PUBLICIDAD