Opinion

Acaso por tal argumento es que año con año se vuelve álgida la discusión sobre el presupuesto de la Federación. La enumeración de las prioridades es tarea ingrata porque hay que definir lo que va primero y lo que viene después.

Nada sería más perfecto que contar con una mirada objetiva, capaz de evaluar las necesidades sociales, para luego asignar el gasto con perfecta eficiencia. Pero esa mirada en México está sesgada porque el gasto público mexicano suele priorizar la inversión destinada a mejorar los recursos materiales y menosprecia aquella dirigida a favorecer el desarrollo de los recursos humanos.

La experiencia con que cuentan los órganos de control para evaluar las inversiones que se hagan en estos rubros es amplia. Saben indicar cuantos kilómetros de autopistas se construyeron o remozaron, cuántas escuelas se edificaron, cuántas camas se incrementaron en los hospitales.

No hay duda de que al país le faltan vías de comunicación, necesitamos mejores puertos, aeropuertos y vías férreas. La urbanización de la mayoría de nuestras ciudades deja mucho que desear y salvo lunares excepcionales, el campo padece de grave falta de infraestructura.

Esta omisión a la hora de medir la relación entre gasto público y su impacto directo sobre nuestros recursos humanos es un mal síntoma que explica muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué los niveles de aprendizaje permanecen estancados a pesar de que se ha incrementado notablemente la cobertura educativa? ¿Por qué, mientras la inversión en salud se multiplicó la calidad de los servicios públicos sanitarios continúa siendo tan pobre? O, ¿por qué los indicadores de desnutrición se dispararon al mismo tiempo que el programa Oportunidades alcanzó récord histórico por su número de beneficiarios?

Sin embargo, esos mismos órganos no saben evaluar el impacto que el gasto tiene sobre los recursos humanos. No cuentan, por ejemplo, con herramientas que permitan medir, a partir del gasto público invertido, los cambios en la habilidad para leer o escribir de la población infantil o la mejora en la expectativa de vida de tal o cual población.

Dice un buen refrán de los administradores que lo que no se mide es difícil cambiarlo. Pues en México no se mide el impacto del gasto público sobre la vida concreta de las personas. Son otros los indicadores que se consideran para hacer las evaluaciones. Se suelen cuantificar los metros lineales de construcción, el número de edificios, de bancas, de camillas, de tiendas, de personas atendidas, pero la métrica sobre la eficacia o calidad de los servicios —sobre la repercusión en la vida cotidiana de la persona— es prácticamente inexistente.

El gobierno federal ha prometido que desarrollará un sistema de evaluación del desempeño para afinar las políticas y el ejercicio de los recursos públicos. Sería un grave error que el método utilizado se centrara en evaluar el impacto del gasto sobre los recursos materiales, sin intentar hacer lo propio con los recursos humanos. Si lo segundo ocupara el primer lugar, muy probablemente las prioridades en el gasto público mejorarían. Tendríamos un presupuesto más racional y por lo tanto menos errático.

La gran revolución que México se merece es aquella que le permitiría multiplicar sus recursos humanos. Esta es la tarea pendiente que habría de ocupar buena parte de los esfuerzos hechos por el país para las próximas décadas. Pero no lo vamos a lograr si no comenzamos por medir el impacto que el gasto tiene sobre los recursos humanos y mantenemos la necedad de usar la métrica solo para evaluar la inversión sobre los recursos materiales.