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Ricardo Raphael

El Documento Miranda

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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11 de noviembre de 2013

La firma es del mexiquense Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación. El texto está fechado el día 5 de noviembre de 2013. El logo de la Segob se mira en la parte superior izquierda; en el otro extremo se aprecia una leyenda que dice: “Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejercito Mexicano.”

Ningún otro nombre acompaña al del funcionario y sin embargo el documento parece ser el resultado de los acuerdos entre dirigentes de la CNTE y el gobierno federal.

En su segundo párrafo el Documento Miranda advierte que ningún maestro podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones educativas. Luego asegura que los docentes conservarán los derechos adquiridos a lo largo de su carrera magisterial; se entiende que ello sucederá con independencia de lo que diga la Constitución o se establezca en las leyes recién aprobadas.

Hacia el final, el texto agrega que las autoridades educativas no podrán designar nuevos maestros de manera discrecional ya que únicamente serán admitidos aquellos que cuenten con vocación de servicio y preparación académica; pero deja sin aclarar cómo y quién medirá la vocación de servicio y si los dirigentes sindicales continuarán participando en el proceso de contratación.

No se requiere demasiado estudio para saber que estos tres puntos contienen una enorme cantidad de dinamita política: ¿de qué se trata realmente el acuerdo? ¿Por qué solo lleva la signatura del subsecretario Miranda? ¿Cuál es su alcance? ¿A quién obliga? ¿Quién lo filtró a la prensa? ¿Por qué el Ejecutivo está dispuesto a pasar por encima de lo establecido por la Constitución? ¿Cómo es que un funcionario de Segob quiere asumir funciones propias de otras autoridades? ¿Por qué si la ley del servicio profesional docente deja a cada entidad federativa decisiones como correr o no a un profesor, el gobierno federal pretende ahora robarse facultades que no le corresponden?

El Documento Miranda da pruebas de un enorme desaseo político y por ello ha merecido gran atención por parte de los medios que recibieron una copia. Que se haya levantado tanto revuelo no es extraño, la verdadera rareza proviene de la ingenuidad exhibida por el funcionario que se atrevió a firmarlo sin suponer que, más pronto que tarde, se haría del conocimiento público.

¿A quién le convino, dentro de la subsecretaría de Gobernación, exhibir las negociaciones emprendidas con la CNTE? ¿A los vecinos de la SEP? ¿A otros funcionarios que también despachan en el Palacio de Covián? ¿A los líderes del sindicalismo docente, marginado desde el primer día de las bizarras negociaciones? ¿Al propio Miranda quien, en un acto neurótico, habría optado por deshacer su propio entuerto?

No hay respuesta para estas preguntas y sin embargo a Enrique Peña Nieto le convendría indagar sobre el particular con el solo propósito de hallar el origen de la deslealtad institucional que le están recetando durante estos festejos con olor a golpe de Estado y Ciudadela.

Ahora que aquí no se agota el drama. El problema va más allá de este mero episodio porque el modelo de negociación escogido para resolver los conflictos entre el gobierno y la CNTE es exactamente el mismo que se ha seguido para el resto de los asuntos formulados en el seno del Pacto por México.

Una circunstancia adjetiva mejor que ninguna otra a dicho modelo: negociación en lo oscurito. Una operación política que ocurre en lugares blindados, decisiones donde participa un número reducido de personas y desembocaduras impuestas arbitrariamente sobre el grueso de los legisladores.

Habrá quien defienda que tal estilo de transacción ha mostrado ya sus virtudes. Que gracias a él se sacaron adelante las reformas educativa, a las telecomunicaciones, la fiscal y alguna otra. A esos espíritus cándidos cabe precisarles que la agenda pendiente del Pacto es aún muy larga y también que las quejas arrojadas en contra, por la naturaleza opaca y cerrada de los acuerdos, han restado gravemente legitimidad.

El desastroso caso del Documento Miranda debería ser revisado con suficiente ánimo de aprender como para que los negociadores, tanto del gobierno como de la oposición, abjuraran de su falta de transparencia y procedieran a discutir, de cara a quien tenga interés legítimo, los tantos temas relacionados con la reforma educativa que aún aguardan y la inmensa lista de asuntos que el Pacto por México tiene, todavía sin digerir, en su vientre grande.

 

Analista político



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