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Laura Itzel Castillo

Huele a gas

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08 de noviembre de 2013

El pasado miércoles, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que el gobierno mexicano y el Partido Acción Nacional, están en negociaciones avanzadas que buscan abrirle las puertas a las compañías privadas para compartirles la producción petrolera mediante la nueva reforma energética.

Según la nota, con estas modificaciones legales que se están diseñando, “México pasaría de ser un mercado energético controlado por una sola entidad, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a ser un mercado basado en la competencia, donde las empresas privadas podrían explorar y producir hidrocarburos por su cuenta, bajo un contrato con el Estado mexicano”

Esa es la razón de la pretendida reforma a los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución: conceder contratos y licencias (es decir concesiones) para tener acceso directo a los depósitos de gas esquisto (shale) y petróleo crudo.

Según el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, el diseño final de dichos contratos estará en manos del Congreso. No entiendo a quién quiere consolar con dicha aseveración. A lado de José Córdoba Montoya, ex asesor de Carlos Salinas de Gortari, el director de Pemex dijo: “La privatización no se va a dar, esa es una mentira”.

Imposible creerle, menos aún cuando la historia en materia de contratos petroleros ha demostrado que con artimañas se ha buscado entregar la riqueza nacional a empresas extranjeras, prácticamente a cambio de nada. En 1950 Miguel Alemán impulsó los contratos riesgo que eran verdaderas concesiones prohibidas por la Constitución, pero que por el simple hecho de llamarles contratos y no concesiones se aplicaron. Esta trampa a la Constitución motivó que se reformara en 1960, para expresamente prohibir los contratos en materia de petróleo y gas.

Zedillo impulsó los contratos de servicios múltiples y Calderón los contratos actuales, denominados “incentivados” que además de violar la Constitución, transgreden el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, la cual señala que “las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse un porcentaje de la producción”.

En marzo de 2013, siendo diputada federal de la 61 Legislatura, presenté junto con miles de ciudadanos un amparo colectivo en contra de estos contratos incentivados, por violar la Constitución y la Ley de Petróleos Mexicanos, esta última reformada en 2008.

En abril de 2011 en Buenos Aires, Argentina, Pemex explicó a posibles inversionistas trasnacionales la manera en que funcionaban estos novedosos contratos, mediante un ejemplo de modelo económico. En él se comprueba que el pago al contratista depende del precio del petróleo. Es decir, si sube el precio del barril, el pago al contratista también sube, de ahí que afirmemos que las empresas se quedan con parte de las utilidades petroleras.

El proyecto de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, presentado al Senado en agosto, permitiría la entrada total de las empresas trasnacionales para la extracción de nuestros recursos, sin “intermediarios”, como califica Lozoya a Pemex. Si en la actualidad con trampas se quedan con parte de las ganancias del petróleo, con la reforma pretenden ir por todo. Qué vergüenza.

 

Militante de izquierda



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