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Rafael Macedo de la Concha

Razones de la reforma constitucional penal

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30 de octubre de 2013

He venido escuchando con frecuencia, en la voz de diversos juristas expertos en materia penal, sobre la viabilidad o inviabilidad de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Hay quienes se inclinan, entre los que me encuentro, por aceptar la exigencia social de cambiar nuestro actual sistema de justicia y que para ello es necesario hacer frente a tres grandes desafíos que nos plantea el momento histórico: recuperar la confianza ciudadana en los órganos de impartición de justicia; consolidar la justicia como garante de la democracia; y tercero, alcanzar un sistema de justicia expedita y eficaz; considero que la reforma permitirá enfrentar estos desafíos.

El sistema de justicia penal vigente operó en su oportunidad con éxito. Fue un sistema eficiente en condiciones políticas no propiamente democráticas; hoy la ciudadanía quiere asumir su papel dentro de la sociedad como un agente activo, que participa, denuncia, exige a la autoridad trasparentar su ejercicio; cuando la delincuencia no mostraba la sofisticación ni la reincidencia y violencia que hoy vemos en su comportamiento, fue un sistema eficiente.

Por ello, las razones de la reforma se encuentran comprendidas en este contexto, hoy observamos cómo el delito acusa un alto grado de refinamiento. Ha surgido la delincuencia organizada, que cuenta con recursos inimaginables, con infraestructura, que aprovecha todos los espacios legales para obtener impunidad y realizar sus ilícitas actividades, inclusive en el ámbito internacional.

He destacado en múltiples ocasiones que el sistema actual refiere cuatro problemas: Lentitud, ineficiencia en la reparación del daño, corrupción e impunidad. Dar solución a esta problemática es la razón de la reforma constitucional, ya que su objetivo principal es lograr un sistema de justicia penal que sea eficiente y eficaz.

Si un sistema es lento y, además, presenta signos de corrupción, resulta obvio que la ciudadanía desconfíe de las instituciones, de las autoridades y, por ello, prevalezca en el ánimo de las víctimas de la criminalidad, la apatía para denunciar los delitos de que son objeto. Estas circunstancias, estimulan el fenómeno delincuencial.

Se ha insistido que por la desconfianza ciudadana en sus instituciones de procuración e impartición de justicia no se denuncian todos los delitos. El porcentaje de delitos denunciados es muy bajo frente al índice de los que se cometen cada día. Bajo el sistema actual, la sociedad prefiere no denunciar los actos que se separan de la ley.

Primero porque las víctimas no están dispuestas a pasar gran tiempo de su esfuerzo sujetas a procesos que resultan a veces prolongados y, otras más, interminables.

En segundo término, no se denuncia el delito por temor a eventuales represalias por parte de los agresores, debido a la baja eficiencia de nuestro sistema penal vigente. Inclusive, cabe la posibilidad de que el delito no termine en la sanción correspondiente y el delincuente obtenga impunidad y, con ello, es factible que intente socavar la integridad del denunciante. Y, finalmente, no existe una cultura de la denuncia debido a que subsiste en muchas estructuras y, también, en las diferentes etapas del proceso penal, una corrupción que se resiste a desaparecer.

Como corolario de lo anterior, no se logra abatir la impunidad, como todos deseamos. Al no haber denuncia, el Ministerio Publico —responsable de investigar los delitos— queda sin la oportunidad de perseguir al delincuente, buscar que la autoridad judicial le imponga la pena correspondiente y se determine, en esta última instancia, la reparación del daño a la víctima.

Como podemos apreciar las razones antes precisadas que exigen hacer viable la reforma constitucional al sistema de justicia penal son suficientes para concluir en que tenemos un sistema de seguridad pública y justicia penal que ha sido rebasado en muchos aspectos. En suma, espero sinceramente que la reforma tenga garantizada su viabilidad y no coincido con quienes han anunciado lo contrario.

El Estado mexicano deberá garantizar a la sociedad mexicana que esta reforma constitucional, que es ya una realidad, cumpla con la expectativa y exigencia social y que ajustada a la realidad democrática y a las características que manifiesta la delincuencia, devuelva a todos la confianza en nuestras instituciones. En la construcción de un sistema de justicia eficaz, imparcial y transparente se encuentra la viabilidad no sólo de la reforma, sino también la de México. Sobre esto se fincan nuestras oportunidades como país: no debemos dejar pasar más tiempo, esta es la hora de la justicia que los mexicanos anhelamos.

El imperio de la ley —la certeza de que la norma no se negocia— consolida las instituciones del Estado, les brinda certidumbre y las protege de eventuales intentos desestabilizadores. La meta final es cerrar el círculo vicioso de la impunidad para dar paso al círculo virtuoso de la legalidad.

 

Ex procurador General de la República



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