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Editorial EL UNIVERSAL

Reconstrucción bajo la lupa

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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25 de octubre de 2013

Pareciera que con cada desastre natural se descubren nuevos abusos de empresas y colusiones de funcionarios. Negligencias y arreglos corruptos que explican la pérdida de vidas humanas y el daño económico como es ahora el caso de Guerrero tras el paso de la tormenta tropical Manuel. Lo que hace falta para no repetir la historia es encontrar, ahora sí, a los responsables y vigilar que la reconstrucción venidera esté mejor vigilada.

El gobierno federal reveló ayer que “ha emprendido un proceso de demanda” contra 12 empresas, contratadas por la administración pasada, que no cumplieron con la reparación y construcción de las viviendas afectadas en la Costa Chica de Guerrero por los sismos de 2011 y 2012. Sedesol había prometido ocuparse de la mitad de las viviendas que se tenían que reponer mientras que Guerrero reconstruiría la otra mitad, pero al final sólo la entidad cumplió.

Incluso se les había pagado ya un adelanto a las compañías por el servicio. El daño al erario por la no construcción de 290 casas fue de 50 millones de pesos, informaron el presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles.

Perseguir judicialmente a las empresas es lo correcto. Lo mismo tendrá que hacerse también con las compañías responsables de aquellas obras que resultaron fácilmente dañadas por el paso de Manuel e Ingrid debido a su mala calidad.

Ya trabaja el gobierno federal en una lista de responsabilidades gubernamentales. Cabe esperar que en ella se incluyan también nombres de funcionarios que lucraron en colusión com empresas de la construcción y de aquellos que avalaron asentamientos ubicados en zonas de riesgo.

Los daños por el paso de la tormenta tropical en Guerrero superan los 22 mil millones de pesos. Una cantidad que duplica el presupuesto anual del estado y el monto total con el que cuenta el Fondo Nacional de Desastres, destinado a atender emergencias en todo el país.

La eficacia en la atención dependerá de los recursos, pero también de prontitud. Recién reportó este diario que será hasta 2014 cuando Semarnat otorgue los recursos correspondientes a las lluvias ocurridas en 2009. No puede repetirse esa lentitud.

Aprovéchese la coyuntura actual para vigilar que los recursos públicos sean bien asignados. Hay que lograrlo sin caer en laberintos burocráticos que hagan que la ayuda llegue cuando ya no es urgente.



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