aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Angélica de la Peña

Evaluación a México

...





ARTÍCULOS ANTERIORES


23 de octubre de 2013

Este 23 de octubre el Estado mexicano sustentará en Ginebra su segundo informe ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Su primera evaluación la realizó en 2009 y recibió 91 recomendaciones de la comunidad internacional. Las siguientes cuatro recomendaciones no se aceptaron: 1) derogar la figura del arraigo; 2) ajustar la definición de delincuencia organizada a lo establecido en la Convención de Palermo; 3) reformar el Código de Justicia Militar (CJM) para que los delitos cometidos por militares contra civiles sean procesados en el ámbito civil; y, 4) reinstaurar una comisión de la verdad para la investigación de los delitos cometidos contra movimientos políticos y sociales del pasado.

De esta forma, México argumentará en su informe que sobre los tres primeros asuntos hay procesos inconclusos y, particularmente en el caso del arraigo, deberá justificar y explicar las resistencias existentes que han dado paso a la propuesta de limitarlo con algunos candados que, sin embargo, no evitan que persista el cuestionamiento de fondo en torno a que su implementación constituye una flagrante violación a los derechos humanos.

Respecto a la definición de delincuencia organizada, existen iniciativas que debemos dictaminar en el congreso para crear un tipo penal más eficiente en la lucha contra el crimen y que, al mismo tiempo, no pueda ser utilizado para castigar y criminalizar la protesta social.

Sobre la reforma al artículo 57 del CJM, es importante señalar que el Senado discute actualmente un conjunto de reformas que podrían permitirnos cumplir las recomendaciones y dar por concluida esta discusión.

También es conducente señalar que desde hace tiempo y a partir de las sentencias tanto de la CoIDH como de la SCJN, la SEDENA ha declinado su competencia en aquellos casos en donde se ven involucrados militares de contra civiles, a efecto de que puedan ser procesados en el ámbito civil.

Entre los avances que es necesario destacar se encuentran aquellos que serán la sustancia del segundo examen del Estado mexicano: 1) la gran reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, a través de la cual se replantearon 11 artículos y la denominación del capítulo primero del primer título que ahora se llama "De los Derechos Humanos y sus Garantías"; 2) la incorporación del principio pro persona y el reconocimiento constitucional de las normas en materia de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales; 3) la inclusión del respeto a los derechos humanos como un principio rector de la educación pública; 4) la reforma al artículo 73 en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; trata de personas y secuestro; 5) la modificación de los artículos 4 y 73 para incorporar el Interés Superior de la Niñez; 6) el mandato para que la organización del sistema penitenciario esté basada en el respeto a los derechos humanos; 7) la asignación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la facultad de investigar violaciones graves de derechos humanos; 8) la reforma al artículo 3º de la Constitución para incluir la obligatoriedad del Estado de garantizar el Derecho Universal a la Educación Media Superior; 9) La publicación y reformas de Ley General de Víctimas; y, 10) las reformas a diversas leyes para garantizar el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

No obstante los adelantos señalados, sabemos que no habrá manera de eludir las preguntas que los países harán a México sobre temas como las desapariciones forzadas, la reparación del daño a víctimas y el esclarecimiento de la verdad en aquellos casos donde se presume ha habido omisión o posible comisión de este tipo de delitos por parte de agentes del Estado, sobre todo en el ámbito local y municipal.

Persiste también la necesidad de diseñar mecanismos legales adecuados para facilitar y garantizar el cumplimiento de las sentencias de los organismos jurisdiccionales internacionales; y concretar la aprobación e instrumentación de las reformas y leyes secundarias pendientes.

Destacan como retos urgentes la aprobación de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución en materia de Restricción o Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías; la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución en materia de garantía de audiencia y expulsión de personas extranjeras; la Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas de Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género; y; la Ley de Amnistía que devolvería su libertad al Profesor indígena Alberto Patishtàn.

Después del informe oficial de México, deberemos entrar al estudio detallado de los informes presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil y por las distintas agencias de Naciones Unidas.

Concluida la Evaluación, habremos de ordenar y definir la mejor manera de procesar el cumplimiento de cada una de las recomendaciones. Sería realmente grave y una abierta contradicción que el Estado mexicano no adopte las medidas pertinentes para cumplir con nuestra vinculación con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; no exageramos al señalar que la sociedad presenta muestras de cansancio, de impaciencia y también de desesperanza.

Por el bien de la gobernanza, es impostergable atender, planificar y legislar todo aquello que sea necesario para afianzar y consolidar el camino de México por la senda de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.


Senadora de la república



ARTÍCULO ANTERIOR Evaluación a México
Editorial EL UNIVERSAL Salud, tarea colectiva


PUBLICIDAD