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Editorial EL UNIVERSAL

La barbarie mexicana

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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23 de octubre de 2013

Cuando un gobierno falla en proteger la vida de sus ciudadanos, cuando permite el maltrato de parte de sus policías o ignora las reglas de un juicio justo, transgrede los derechos humanos de la población. La gravedad de esos actos es tal que organismos internacionales tienen permitida la vigilancia, recomendación e incluso castigo sobre aquellos regímenes que los cometen.

México será hoy examinado en Naciones Unidas para saber qué tanto ha avanzado el país —o fracasado— en la protección de los derechos humanos. La sola disposición mexicana de ser evaluado es digna de mención. Los gobiernos autoritarios suelen repudiar la posibilidad de la crítica externa.

Hay avances sin duda. José Manuel Gómez Robledo, subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores da cuenta del más importante: “Hoy México cuenta con un marco jurídico e institucional absolutamente diferente al que tenía hace cinco años, con tres grandísimas reformas constitucionales”.

Sin embargo, los cambios en la legislación han tardado en permear. En el marco de la evaluación internacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó a la ONU que tiene 2 mil 352 expedientes con indicios de la participación de servidores públicos municipales, estatales y federales en la desaparición forzada de personas y 7 mil 253 casos de tortura. Se alerta sobre cateos ilegales, detenciones y retenciones arbitrarias y en particular del “notable crecimiento” de la tortura en los últimos cinco años.

Si bien las cifras se basan en denuncias que podrían discrepar en cierta cantidad de los casos reales —ya comprobados—, se trata de un balance creíble en la medida en que no es la primera vez que se realiza. Casos públicamente conocidos e informes de organizaciones civiles revelan lo primitivo de nuestro sistema policiaco, judicial y penitenciario.

Actos tan terribles como la desaparición forzada, las retenciones arbitrarias y la tortura a detenidos no debería tener lugar en un país democrático del siglo XXI, como se presume México. Flagelos que correspondían al autoritarismo y barbarie de la época conocida como “guerra sucia”.

Se dirá que ahora no existe una intención del Estado en violar los derechos humanos. Lo que importa no es la motivación, sino el hecho de que esas agresiones siguen ocurriendo.



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