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Alejandro Encinas Rodríguez

Aval y simulación

Es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su actividad profesional se ha desempeñado como asesor de la Comisi ...

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24 de septiembre de 2013

El debate en torno a la llamada Reforma Hacendaria presentada por el Ejecutivo federal ha puesto en evidencia el fracaso de la política económica del actual gobierno, donde casi todos los indicadores económicos van a la baja. Tan sólo durante el primer semestre del año, la economía creció 1%, por lo que los pronósticos más optimistas han reducido las expectativas de crecimiento económico para este año apenas 1.5%. La industria de la construcción se desplomó en 3.5%; las ventas al mayoreo registraron una caída del 6% y el poder adquisitivo de los salarios bajó 10 puntos.

Se ha puesto énfasis en que la intención de poner IVA a colegiaturas, hipotecas, renta y venta de viviendas, incluidas las de interés social, así como a los viajes en autobuses foráneos, no propiciará crecimiento económico, desincentivará la inversión y deprimirá la capacidad de consumo de la clase media y de los sectores populares, en tanto se mantienen casi intactos los privilegios fiscales de los grandes empresarios, que para este año podrían alcanzar 600 mil millones de pesos.

Pero a quedado fuera del debate un aspecto nodal: el régimen fiscal propuesto para Pemex, ya que la propuesta da por hecho la modificación a los artículos 27 y 28 de la Constitución, al establecer en la exploración y extracción de hidrocarburos los contratos de utilidad compartida; la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el que la Secretaría de Energía podrá contratar a un comercializador, que bajo la figura de entidad paraestatal, podrá prestar servicios de recolección y venta de hidrocarburos.

Plantea que se creará un Fideicomiso de Administración y Pago, en una institución de la banca de desarrollo, para administrar los ingresos de los contratos de utilidad compartida, así como del pago de las contraprestaciones a Pemex, transfiriendo así a Hacienda facultades que corresponden a Pemex, anulando toda autonomía presupuestal de la empresa, lo cual redundará en la falta de recursos para su desarrollo y crecimiento.

Se propone que de los ingresos de los contratos de utilidad compartida, el comercializador entregue al Fideicomiso los ingresos de la venta de la producción, descontando el pago de sus servicios, conforme a los contratos de venta y recolección. Cada periodo contractual el Fideicomiso entregará al gobierno la utilidad operativa que le corresponda y a Pemex o sus subsidiarias la contraprestación respectiva, integrada por un porcentaje de la utilidad operativa y costos, gastos e inversiones. Para ello, la SHCP decidirá el porcentaje de utilidad operativa para Pemex y para el Estado, proponiendo un régimen especial de deducciones para el pago del ISR hasta por el 100% en las inversiones para exploración, recuperación secundaria y mantenimiento.

Se propone derogar un capítulo de la Ley Federal de Derechos para dar facilidades al régimen fiscal para que la explotación de hidrocarburos se realice vía asignación, así como abrir organismos subsidiarios, los que podrán realizar negociaciones oficiales y la contratación de financiamientos externos, fragmentando más a la paraestatal.

Es absurdo e irresponsable que los perredistas en el Consejo Rector del Pacto por México festinen la propuesta del Ejecutivo, que si bien por presión popular eliminó por el momento —así lo dijo Peña Nieto— la propuesta de generalizar el IVA a alimentos y medicinas, avale de facto la reforma energética y la privatización de Pemex. O no leyeron las iniciativas o son tantos los compromisos asumidos que se guarda silencio, se simula oposición y se avala de facto las reformas privatizadoras.

 

Senador de la República



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Editorial EL UNIVERSAL Dos caras de la justicia fiscal


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