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Javier Corral Jurado

Reforma Política ¡ya!

Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente. Miembro del Partido Acción Nacional. Directivo de la Asociación M ...

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24 de septiembre de 2013

Aunque ya dieron inicio los foros sobre la reforma energética, Acción Nacional y sus bancadas en el Congreso de la Unión han condicionado entrar a la fase de dictaminación y aprobación de las iniciativas si antes no se da cabal cumplimiento a la agenda de reforma político-electoral que se suscribió en el Pacto por México desde el 2 de diciembre del 2012, dentro del cual quedó asentado en su calendario el turno preferente de los cambios constitucionales y legales que se agrupan en dos capítulos: “Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática” y “Acuerdos por la Transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la Corrupción”.

Por eso el PAN ha llamado a la reforma política-electoral, la condición sine qua non para apoyar la reforma energética. Esto es, sin la cual, no aportará un solo voto para reunir las dos terceras partes del Senado y la Cámara de Diputados, toda vez que se parte del supuesto que el gobierno y su partido necesitará de los votos del PAN tratándose de modificaciones constitucionales a los artículos 25, 27 y 28; precisamente en lo que no está de acuerdo el PRD. En la reforma hacendaria vemos claramente el eje de acuerdo PRI-PRD. Lo importante es que en ambos casos se tome con toda normalidad la bilateralidad y no resulte una traición a la Patria sólo cuando lo hace el PAN con el PRI.

Ante la imposibilidad de una iniciativa de reforma política conjunta entre los firmantes del Pacto, Acción Nacional presentó esta semana su propuesta básica, para que el gobierno y su partido no tengan el pretexto de acusar falta de materia; tampoco de escudarse en la diversidad de opiniones intramuros de sus grupos parlamentarios. Hay un cierre de filas de todos los legisladores federales panistas para presentar un proyecto común.

Obviamente no están todos los temas que debieran conformar un rediseño del régimen político, y faltan algunos del propio pacto que se enlistan para la legislación secundaria. En la parte electoral se desarrolla un nuevo modelo para una disputa del poder más justa, transparente, imparcial y menos onerosa. Recuperar la organización de las elecciones del control de los gobernadores y de la influencia determinante del dinero mal habido así como del rebase de gasto. En lo político se hacen avanzar figuras muy importantes de reconocimiento a la pluralidad.

En el centro de la propuesta está la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), como único encargado de las elecciones en todos los niveles, e integrado de forma distinta a la que hasta ahora ha dominado los nombramientos de consejeros. Elimina la facultad de evaluación a la Cámara de Diputados y propone un Comité conformado por INEGI, INEE y CNDH, que evaluará capacidad técnica e idoneidad para el puesto. El comité enviará una lista a la junta de coordinación política (según el número de consejeros a elegir, multiplicado por 5) que a su vez someterá al pleno de la Cámara de Diputados una dupla por cada vacante, y se elegirán con el voto de dos terceras partes de los presentes.

La propuesta plantea un solo ordenamiento de carácter general que regulará el desarrollo de las elecciones en todo el país. Los estados regularán esquemas propios para conformar sus órganos políticos (Congresos locales y Ayuntamientos) en sus respectivas Constituciones.

Dota de facultades expresas para fiscalización de recursos públicos cuando existan indicios de uso a favor de partidos, precampañas o campañas. Homologa la contabilidad y los informes de partidos. Incorpora nuevas causales de nulidad: rebase de topes de gastos de campaña, uso de recursos al margen de la legislación electoral, adquisición de propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

Se propone la homologación de las elecciones federales y locales, el primer domingo de julio de cada 3 años. Duración de campañas federales y estatales. 90 días para la elección presidencial y de gobernador; 60 días para elecciones intermedias. Voto electrónico y urna electrónica.

Se proponen dos nuevas autonomías: la del Ministerio Público y el Coneval. Instaura la reelección de senadores, por una ocasión; Diputados federales y locales, hasta en tres ocasiones; miembros del Ayuntamiento y jefes delegacionales, hasta por un periodo. De manera opcional propone el gobierno de coalición, ratificación de gabinete. Segunda vuelta en elecciones: sólo para Presidente de la República, gobernadores y jefe de Gobierno del DF ganará la primera vuelta quien obtenga más de la mitad de votos o al menos el 40% y una diferencia de al menos 10% respecto al segundo lugar.

 

Senador por el PAN



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