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Alfonso Zárate

Reforma hacendaria

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho ...

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12 de septiembre de 2013

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.— Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 31 (de las obligaciones de los mexicanos)

En materia hacendaria es imposible quedar bien con todos. Por su propia naturaleza, los “impuestos” son eso, contribuciones obligatorias que a pocos agradan. Peor aun cuando constatamos todos los días el mal uso que hace la clase gobernante de los recursos públicos.

Sin embargo, a pesar de sus excesos e insuficiencias (el recargón sobre las clases medias, el modesto avance recaudatorio), la propuesta constituye un avance en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Apunta en la dirección correcta, sobre todo en el componente justiciero exigible en un país con tanta pobreza e inequidad.

La iniciativa del Ejecutivo reconoce el estancamiento que ha experimentado la economía mexicana desde hace tres décadas y sus duros impactos sociales; de allí la decisión de romper la ortodoxia aplicando políticas anticíclicas que estimulen el crecimiento de la economía y conjuren el fantasma de la recesión; de avanzar en algunos de los compromisos del Pacto por México con mayor impacto social (pensión universal a mayores de 65 años, seguro de desempleo, seguro de vida para jefas de familia) y no incluir el IVA en alimentos y medicinas.

De esta forma, el “paquete económico” sigue mostrando la utilidad del acuerdo político entre los principales partidos, Pacto que se mantiene contra viento y marea.

Sobresale la propuesta de eliminar la “consolidación fiscal”, un fraude dentro de la ley que le genera enormes boquetes a las finanzas públicas en beneficio de unos cuantos. No pasará mucho tiempo sin que conozcamos las duras reacciones de los “dueños de México”, esos señores que ya antes frenaron un intento similar del presidente Calderón.

En el paquete de iniciativas subyace un cálculo político: la decisión de no jalarle la cola al tigre (la mayoría social lastimada por el empleo precario, los bajos salarios, la inseguridad) y menos en estos días en que el ambiente público luce enrarecido tras semanas de provocación impune y amagos de violencia en la capital del país.

Seguramente, en el debate legislativo podrán limarse algunas asperezas. Especialmente una, que parece haber logrado el consenso de los partidos: no al IVA en las colegiaturas escolares. Ya habrá tiempo de analizar y ponderar el efecto de esta y otras medidas propuestas por el Ejecutivo.

En lo que no puede haber dudas es en la contraparte que acompaña a toda reforma hacendaria en una sociedad democrática: la que tiene que ver con el ejercicio del gasto y la rendición de cuentas. Porque resulta inadmisible que la misma clase gobernante que siempre pide más sea la que dilapida los recursos de todos, como lo muestra el endeudamiento monstruoso de los gobiernos estatales en los últimos años; lapso en el que, paradójicamente, recibieron mayores participaciones federales.

¿Con qué autoridad moral pueden exigir a los contribuyentes que se aprieten más el cinturón? La política hacendaria propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto no puede eludir el compromiso de reducir la macrocefalia gubernamental; la cancelación de gastos innecesarios o inútiles (la Estela de Luz, el ejemplo más perverso); la reducción sensible del gasto en comunicación social que sirve, mayormente, para el lucimiento de funcionarios y gobernantes; la reducción de los opacos recursos asignados a los grupos parlamentarios; la supresión de los privilegios de la clase política en los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno —burocracia de lujo que, no obstante sus jugosos ingresos, disfrutan de prestaciones indebidas: vehículos, gastos de representación, seguro de gastos médicos mayores y tantos otros que tendrían que costear con sus propios sueldos…

Es imperativo tener un gobierno austero, republicano, que no gaste a lo tarugo y, sobre todo, que asuma como obligación legal y responsabilidad política el ejercicio transparente y honesto de la función pública. Nada más, pero tampoco menos. Es lo mínimo que puede esperar y exigir una sociedad que está dispuesta a financiar con sus impuestos la buena marcha del Estado democrático.

 

@alfonsozarate
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario



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Editorial EL UNIVERSAL Riqueza en la frontera


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