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Ricardo Raphael

Educación: ¿la Federación o los estados?

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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15 de julio de 2013

La gestión de la carrera magisterial, cuya misión debe ser la mejora constante de la profesionalización docente, es una responsabilidad compartida que habría de recaer tanto en las autoridades locales como en las federales. De un lado se necesita que, a nivel nacional, se garantice, por parte del profesorado, un piso mínimo en la enseñanza. No es justo que los mejores maestros siempre estén en las grandes ciudades o en el norte del país, mientras otras geografías mexicanas padecen de un desempeño docente de menor calidad.

Del otro, cada región precisa personal con capacidades específicas. Hay poblaciones, por ejemplo las indígenas, donde hacen falta docentes bilingües y/o biculturales. Otras deben dar prioridad a la educación en ambientes rurales, o bien, en zonas densamente urbanas. De toda evidencia no es la misma práctica docente la que se precisa en Ciudad Juárez, Chihuahua, que en la Costa Chica de Guerrero.

¿Cómo gestionar una carrera magisterial que responda a altos y homogéneos estándares nacionales y al mismo pueda profesionalizar a las y los docentes para que, por su respectiva formación y experiencia práctica, sean idóneos en la región donde enseñan? Esta será una de las preguntas más difíciles de responder a la hora de diseñar el futuro sistema profesional docente. Y junto con ella, otra tanto o más difícil: ¿qué de esa gestión debe ser responsabilidad de las autoridades federales y qué de las autoridades locales?

La iniciativa del Ley General de Profesionalización Docente, presentada por el presidente Peña Nieto ante el Congreso, responde mal a estas dos interrogantes. En concreto, no ofrece una frontera clara de responsabilidades entre ámbitos de gobierno. Esto es grave ya que, desde hace ya más de 20 años, prevalece una severa confusión con respecto al magisterio y su relación con los gobiernos local y federal.

La discusión y aprobación de la iniciativa podría significar un momento invaluable para conjurar las indefiniciones que han permitido a una y otras autoridades lavarse las manos respecto de la calidad docente.

Un primer principio sobre el cual anclar la profesionalización docente podría ser éste: a través de la carrera magisterial, la Federación promoverá que la calidad en la impartición de competencias que reciban los educandos en todo el país sea similar.

Dos consecuencias se derivarían de este argumento rector: de un lado sería necesario que, a nivel nacional, los mecanismos de formación inicial, ingreso, promoción, movimientos laterales, capacitación, estímulos, retiro y la salida de los docentes respondieran a una lógica de certificación similar. La Federación tendría que tener normas y una organización eficaz para entregar cierto nivel de homogeneidad en el patrón de la carrera magisterial de todas y todos los maestros.

Por otra parte la Federación habría de reconocer las varias velocidades exhibidas en el logro académico de los estudiantes (norte-sur, urbano-rural, etc). Para combatir esta circunstancia, la autoridad federal tendría que hacerse cargo de incentivar (subsidiar si es necesario) que los mejores docentes del país impartieran clases en las escuelas con peor desempeño. Para ello la Federación tendría que promover los movimientos laterales de los mejores profesores entre regiones.

Un segundo principio para anclar el sistema de profesionalización docente implicaría que los estados asumieran la responsabilidad de desarrollar las capacidades docentes específicas, que su respectiva región demanda. Si en una población los docentes han de ser bilingües o comprender mejor la ética ambiental, si en otra se quiere hacer énfasis en la historia propia o en la geografía del lugar, le tocaría a las autoridades locales asegurarse de que tales objetivos pedagógicos sean alcanzados.

Un tercer principio para el sistema de profesionalización docente —derivado de los dos anteriores— implicaría distinguir entre la carrera magisterial (entendida como un sistema de certificación nacional) y las plazas (los puestos o cargos de trabajo) que ocupan los docentes en cada centro escolar. A partir de esta distinción, mientras la Federación habría de hacerse responsable de gestionar la carrera magisterial, las entidades tendrían que administrar plazas docentes. Lo anterior resolvería un trazo preciso de responsabilidades entre el gobierno federal y los gobiernos locales.

Analista político



Editorial EL UNIVERSAL La reforma política va


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