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Ricardo Raphael

Educación: INEE sobrecargado

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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08 de julio de 2013

Una vez cometido el error de pensar que la evaluación es la pócima mágica que transformará, por sí sola, a todo el sistema educativo, lo que sigue es suponer que la institución responsable de evaluar habrá de ser el hechicero indicado para producir el milagro.

Otra falla grave de la iniciativa de reforma educativa a la ley secundaria, presentada por el presidente Peña Nieto ante el Congreso, es que ahí se sobrecarga de tareas al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), ya que también se le asignan demasiadas competencias relacionadas con el sistema de profesionalización docente.

De acuerdo con el texto vigente de la Constitución, el INEE tiene como principal misión medir, ponderar, dar seguimiento, estudiar, analizar, en fin, evaluar todos aquellos elementos que influyen sobre las y los educandos, cuando éstos reciben conocimientos ofrecidos por el sistema educativo.

Su tarea es observar, por ejemplo, las condiciones en las que se encuentra la infraestructura educativa, los materiales utilizados dentro de las aulas, la coherencia de los planes de estudio, el entorno socioeconómico de los menores y, entre estas variables, lo que se conoce como “la idoneidad” de los profesores (la relación que existe entre su desempeño y la educación impartida a los alumnos).

Vista así, la tarea del INEE es enorme. Son muchos los elementos que debe considerar con rigor científico para ofrecerle al país una conciencia precisa del estado que irá mostrando la educación básica y media superior en el tiempo.

Por si lo anterior fuera poca cosa, este Instituto debe además atender las necesidades puntuales de evaluación que tenga cada entidad federativa y, eventualmente, los municipios. En efecto, por acuerdo entre estos ámbitos de gobierno y el INEE, se espera que las regiones puedan contar con elementos propios de diagnóstico sobre aquellos temas o coordenadas que merecen un análisis distinto al que entregará el gran fresco nacional.

Para que este organismo realice las responsabilidades asignadas es que la Constitución lo protegió frente a eventuales presiones de tipo político, burocrático o sindical. Se espera que su misión se realice con apego estricto al método científico, y precisamente por ello se nombraron a especialistas (científicos), de primer nivel, con el objeto de que participen dentro de su órgano de gobierno.

El problema surge cuando, además de las misiones aquí descritas, se quiere que el INEE asuma responsabilidades graves, acaso políticas, dentro del sistema de profesionalización docente.

En el proyecto de Ley del INEE, elaborado por el Ejecutivo, puede constatarse que, de las 46 atribuciones que se pretenden entregar a este organismo, 30 de ellas (65%) estarían relacionadas sólo con la evaluación docente.

Es un error distraer al Instituto de su misión original para que se haga cargo, además, de la profesionalización de los profesores. Una cosa es evaluar “la idoneidad” de los educadores y otra distinta responsabilizar para que este atributo se cumpla. No es inteligente pedirle al INEE que participe como juez y parte, que juzgue la idoneidad y luego asegure el buen desempeño de los educadores.

El traspié se encuentra en pretender que este organismo opere algunas de las decisiones más importantes relativas a tal profesionalización; por ejemplo, entre otras, definir los programas de evaluación docente, expedir los lineamientos para los concursos de ingreso, vigilar los mecanismos que regirían a tal proceso o elaborar las pruebas para la promoción y permanencia de los maestros.

Se impone demasiada corriente eléctrica sobre una institución cuya naturaleza no es profesionalizar al magisterio sino evaluar al conjunto del sistema educativo, dentro del cual, el desempeño docente es sólo uno de los elementos que le constituyen.

Así como la Constitución instruye para que el INEE se encargue de la evaluación, un organismo distinto habría de tomar la tarea de profesionalizar al magisterio. Para funcionar convenientemente, el INEE debe encargarse de evaluar la motricidad gruesa del sistema educativo, pero no habría ser suya la tarea fina de elaborar los planes de estudio, instruir la compra de materiales educativos o financiar la infraestructura escolar. En la misma lógica, tampoco el INEE debería regir sobre el sistema de profesionalización o la gestión de la carrera magisterial.

 

Analista político



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