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Ricardo Raphael

Educación: reforma en vilo

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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17 de junio de 2013

¿Qué pasaría con el Pacto por México si la reforma educativa se esfumara tan de golpe como se presentó? Fue la primera obtenida por el acuerdo entre los tres grandes partidos y el presidente Peña Nieto. En muy pocos días ofreció una modificación importante a la Constitución y también enfrentó con contundencia a la líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, que quiso jugar el papel del opositor.

Sin embargo, esta reforma hoy está en riesgo de naufragar debido a la mediocridad de las iniciativas de legislación secundaria que se presentaron ante el Congreso.

Me explico: la misión de esta reforma es recuperar, para el Estado mexicano, tramos enteros de la gestión educativa que hoy responden a intereses burocráticos y políticos, no alineados con el aprendizaje de los alumnos, ni con los derechos fundamentales de las y los docentes. Lo que esta reforma quiere es poner en sintonía la calidad de los servicios educativos que brinda el Estado en el nivel básico, con la mejora constante en el aprendizaje de las y los educandos.

Para ello la reforma constitucional optó por dos objetivos precisos: crear un sistema nacional de evaluación coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), y desarrollar un sistema nacional de carrera para la profesionalización docente.

Sin embargo, lo logrado en la Carta Magna será letra muerta si no se aterrizan en la legislación secundaria los cómos de la reforma educativa o si la operación e implementación que hagan las autoridades, locales y federales, resulta defectuosa.

En efecto, si las fuerzas políticas no hacen bien su tarea, las buenas intenciones pronto se transformarán en promesa incumplida. Lo cual, a su vez, debilitará la confianza sobre el futuro del Pacto por México.

El Ejecutivo entregó al Congreso tres iniciativas de ley con el propósito de bajar a tierra la reforma constitucional: una modificación a la Ley General de Educación, una ley que pretende crear el servicio profesional docente, y una tercera pieza dedicada al tema de la evaluación educativa. A sobre vuelo cabe advertir que las dos primeras son mediocres y por tanto están muy lejos de las expectativas que el acuerdo político prometió.

La semana pasada se informó que, durante un periodo extraordinario de sesiones del Congreso, previsto para el mes de agosto, se pretenden aprobar estas tres piezas. El anuncio resulta preocupante porque tales iniciativas están lejos de haber sido redactadas con la responsabilidad que el tema merece.

El déficit principal lo exhibe la iniciativa de la ley general dedicada al servicio profesional docente; un texto que parte de premisas equivocadas, que confunde objetivos, que no incluye con inteligencia jurídica los principios recogidos por la Constitución, y más importante que todo, que no es capaz de ofrecerle al profesor mexicano un verdadero sistema de profesionalización, a partir de su carrera como docente.

¿Por qué el Ejecutivo entregó una iniciativa tan mediocre a los legisladores? Será que, como advirtió la especialista Blanca Heredia, en un foro senatorial ocurrido la semana pasada, el presidente ya no está dispuesto a invertir un gramo más de su capital político en esta reforma.

Un análisis cuidadoso sobre la iniciativa de ley general para la profesionalización docente arroja al menos cuatro grandes interrogantes: Uno, ¿por qué en este texto se toman como sinónimos la profesionalización y la evaluación de los profesores? Dos, ¿por qué se instruye al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) para que sea el órgano responsable de regir sobre el sistema de profesionalización docente, cuando la principal misión de esta institución no es procurar una buena carrera para los profesores, sino evaluar al conjunto del sistema educativo? Tres, ¿por qué entregarle prácticamente toda la operación del futuro servicio profesional docente a los gobiernos estatales? Y cuatro, ¿por qué, en vez de añadir un capítulo dedicado a garantizar la profesionalización de la docencia, dentro de la Ley General de Educación, el Ejecutivo optó por presentar, de manera separada, una ley general del servicio profesional?

Cada uno de estos cuestionamientos merece un tratamiento riguroso y por separado. Por ello dedicaré las cuatro entregas siguientes de este artículo semanal al análisis de la legislación secundaria en materia educativa. Con ello, tengo como propósito que el Congreso de la Unión permanezca alerta a propósito del buen aterrizaje que merece la reforma educativa para que el país no se pierda de lo que puede ser una extraordinaria oportunidad.

Analista político



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