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José Fernández Santillán

México: la política de los acuerdos

Recibió el título de doctor en Historia de las Ideas Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Turín (1983); se ...

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31 de mayo de 2013

Desde el 2 de diciembre de 2012, fecha en la que se dio a conocer el Pacto por México, hasta el día de hoy, la escena pública ha estado dominada por los avatares que rodean a esta modalidad por la que el nuevo gobierno optó para encarar la política nacional. Es decir, se convocó a las principales fuerzas partidistas para definir una agenda básica y marchar en pos de los puntos allí contenidos. Como se sabe, el Pacto por México no ha estado exento de altibajos: cuando se presentó fue muy bien recibido. La lista de temas sonaba atractiva: sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; trasparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y gobernabilidad democrática. No obstante, al poco tiempo aparecieron nubarrones. En Veracruz funcionarios locales habrían intentado utilizar programas sociales para fines electorales. La reacción no se hizo esperar: tanto el PAN como el PRD condicionaron su permanencia en el acuerdo. Exigieron castigo a los culpables y también la destitución de la titular de la Sedesol. Lo que se logró, para calmar las aguas, fue la firma de una adenda para que este tipo de irregularidades no se vuelva a repetir.

El más reciente de los jalones es el protagonizado por los senadores Ernesto Cordero (PAN) y Miguel Barbosa (PRD), quienes presentaron una iniciativa de reforma política al margen de la mesa que se instaló ex profeso para la reforma política en el marco del Pacto por México. La cosa, al parecer, es aguar la fiesta. Elevar los costos de la negociación o de plano boicotearla.

Tiene razón Arnaldo Córdova (“Pacto sobre el pacto”, La Jornada, 19/V/13) al señalar que en México tenemos una muy escasa costumbre de pactar y, sobre todo, cumplir los pactos. Venimos de una tradición en la que lo que dice el Señor Presidente es ley. Pero ahora, en vista del avance político que ha experimentado el país, estamos pasando de la verticalidad autoritaria a la horizontalidad democrática; esto es, de la imposición a la negociación. Y eso nos está costando muchísimo trabajo.

Henry Summer Maine decía que uno de los síntomas del progreso se mide por el paso de las sociedades de estatus a las sociedades de contratos. Y un prerrequisito para que los contratos funcionen es que los participantes dejen de combatir entre sí, es decir, que cesen las hostilidades para dar paso a la confianza mutua. En efecto, el pactum societatis del que hablaron todos los autores contractualistas, sin excepción —Thomas Hobbes, John Locke, Baruch Spinoza, Jean Jacques Rousseau e Immanuel Kant—, significa la salida del estado de guerra y la entrada en el estado civil.

El problema para nosotros consiste en que hoy, cuando estamos tratando de adoptar la política de los acuerdos, algunos aprovechan la ocasión para convertir a “la política en la continuación de la guerra por otros medios” (parafraseando a Carl von Clausewitz, quien escribió en su libro De la guerra: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”).

No se trata de que los pactos produzcan, parálisis o inmovilismo. Pero hay una parte en ellos que debe ser respetada por todos los actores involucrados por encima de las disputas y las vicisitudes a las que está expuesta la dinámica pública en toda democracia. Esta diferencia de planos es la que no parece entenderse. De una parte, lo pactado obliga (pacta sun servanda); de otra parte, las disputas partidistas deben seguir su curso. Lo que hay es un embate contra el conjunto del Pacto por México. Motivos e intereses puede haber muchos; pero algunos de ellos confluyen en querer estropear la vía de la negociación y los compromisos que son instrumentos básicos de la democracia.

La alternativa es el regreso al gobierno de un solo hombre, de izquierda o de derecha que éste sea.

 

Profesor de Humanidades del ITESM-CCM



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