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Editorial EL UNIVERSAL

La remoción y sus lecciones

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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16 de mayo de 2013

La Procuraduría Federal del Consumidor está encargada de una delicada y ardua labor: vigilar que empresarios y comerciantes no cometan abusos en la calidad y en los precios de todos los productos consumidos por mexicanos. Ello exige que la persona al timón del organismo cuente con pleno respaldo y confianza de la ciudadanía; la remoción de Humberto Benítez Treviño y la suspensión de cuatro funcionarios de Profeco atiende a esta lógica.

Siempre será oportuna la dimisión de todo servidor público que con su sola presencia dañe la labor de gobierno o perjudique alguna institución que se encuentra al servicio de la ciudadanía, pues el funcionamiento de un órgano público para beneficio de la sociedad debe ser siempre la preocupación primera de las autoridades.

Es cierto, Benítez Treviño —de acuerdo con la determinación de la Secretaría de la Función Pública— no ordenó ni estuvo implicado en la clausura aparentemente injustificada de un restorán ordenada por su hija, por lo que no es culpable pero sí responsable del lamentable accionar de su equipo de trabajo, que acató la petición de alguien que no ocupa cargo alguno en la Profeco, lo que no puede sino mostrar poco profesionalismo. Defender a los consumidores es una labor que requiere mucha sensibilidad política y, justamente, profesionalidad.

Esta remoción —y su justificación— va acorde con la demanda hecha desde la opinión pública, alimentada por los casos, tantas veces repetidos, de abusos de funcionarios públicos que en pocas ocasiones son sancionados ejemplarmente. Que un suceso de esta naturaleza derive en la separación del cargo del responsable es algo que no ocurre en un régimen opaco o antidemocrático. Esta vez, por tanto, se manda la señal correcta.

Ahora hay que ser consistentes. Lo ocurrido no deberá ser un caso aislado, habrá que consolidar el correctivo como política de gobierno: todo funcionario que dañe a una institución por acción u omisión —o que traicione la confianza ciudadana— no podrá permanecer en su puesto.

La mejor manera de atajar la negligencia y la corrupción es con un régimen de transparencia y rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno, lo que tanta falta nos ha hecho en el país.

Sirve además este caso para reforzar a la Profeco como una institución de indispensable corte garantista. Humberto Benítez Treviño mostró dificultades para entender ese papel y se vio poco dispuesto a entender su función, a respaldar las acciones colectivas e incluso fue reacio a acercarse a su consejo asesor.

El mensaje que emite la Presidencia al resto de las autoridades a su cargo debe ser: es prescindible quien actúa sin ética ni profesionalismo. Con el tiempo se sabrá qué tan bien aprendida quedó la lección.



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