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Editorial EL UNIVERSAL

Desapariciones, pasivo estatal

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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10 de abril de 2013

Un poco tarde. Después de casi 27 mil desaparecidos, pero por fin se cuenta con un protocolo para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas que las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales aplicarán de forma homologada en todo el país.

Su aplicación, dicen, implicará un nuevo modelo de trabajo que incluye la existencia de unidades de análisis de información e inteligencia, y el uso de nuevas tecnologías, con el que se busca ofrecer resultados, eliminar burocracia, inercias y revictimización.

El documento que elaboró la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Provictima) ha de contribuir a superar uno de los graves problemas que es atávico en nuestro sistema de procuración de justicia, que es el torpe y perezoso accionar del Ministerio Público en todo el país, que lejos de agilizar sus trabajos suele ser el primer obstáculo con el que chocan los ciudadanos en busca de justicia.

Mucho más tratándose de personas desaparecidas, casos en los que —como reconoce ahora la autoridad—, mientras más pronto se rastree y no se pierda tiempo, muchas más posibilidades de éxito se podrán tener. Hasta ahora la reacción del MP ante este tipo de casos suele ser ineficaz, desapegada de la preocupación de los familiares y hasta de burla. Es así que muchos menores han sido separados de su familia o personas privadas de la vida por una nula acción de la autoridad.

Además, esta criminal miopía de investigación se convirtió en un grave problema político para el Estado, pues en un contexto de grave violencia en algunas regiones del país, las desapariciones por motivos no violentos o hasta voluntarios pasan a formar parte de un enorme pasivo estatal de desapariciones con cargo a las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes cargan acusaciones graves de permitir o, peor aún, estar implicadas en las desapariciones de personas.

Si una adolescente desaparece, se presume “que se fue con el novio”. Si un muchacho o caballero no regresa a casa, “en algo andaría”. Si un niño es arrancado de los brazos de sus padres “pues ya es difícil dar con los captores” porque se emprende su búsqueda muchos días después de reportada la desaparición.

En suma, que suele haber siempre pretextos violatorios de los derechos humanos para no buscar a víctimas de graves delitos. Esta ausencia de Estado es la que hoy estamos padeciendo y la que en algo debe reponerse con este protocolo que fue anunciado ayer. En un Estado de derecho ningún ciudadano puede desaparecer, como si se hubiera esfumado; la autoridad está obligada a dar razón de qué pasó con esa persona.



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