aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Francisco Valdés Ugalde

La reacción contra la educación

Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México.

Sus actuales líneas de investigación son la teoría de las insti ...

Más de Francisco Valdés Ugalde



ARTÍCULOS ANTERIORES


Ver todos sus artículos
07 de abril de 2013

Las movilizaciones de los bastiones de la CNTE con sus característicos métodos de cerrar carreteras y paralizar actividades de terceros comienza a perfilar un bloque reaccionario contra la reforma educativa, cuyo aterrizaje en ley está pendiente. Han conseguido una mesa de diálogo para que sus demandas sean tomadas en consideración, condicionada a que “no afecten el espíritu de la reforma constitucional”.

Los voceros de los contingentes magisteriales insisten en que la educación se va a “privatizar” a raíz de la reforma constitucional aprobada. Es plausible que sus puntos de vista sean tomados en cuenta. Sin embargo, ¿cuáles son esos puntos de vista? Hemos escuchado durante años que los maestros reclaman derechos de propiedad sobre el ejercicio de la función magisterial y sobre la función del Estado de proveer educación pública para todos. Esta es una contradicción flagrante. Y se expresa, como lo ha señalado Gilberto Guevara Niebla, uno de los mayores conocedores de la educación en México, en que la organización sindical controla la función directiva y supervisora de la escuela, además del magisterio.

En la reunión de consulta sobre educación para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en Veracruz el miércoles pasado, Gilberto puso un ejemplo estremecedor: si un maestro abusa de un alumno, ¿a quién acude el padre de familia? Al director de la escuela. Pero ¿en dónde están las lealtades de éste último? No en la escuela y sus alumnos sino en la organización gremial. Esta aberración solamente se puede resolver haciendo que los directores y supervisores de escuela sean trabajadores de confianza, mientras que nada obsta para que los maestros tengan una organización sindical que proteja sus derechos.

Es a través de los directores y supervisores de escuela que el Estado puede ejercer la rectoría de la educación pública. Actualmente, el sindicato está entrometido en esa rectoría, siendo que el sindicato no es el Estado.

La reforma constitucional abre una ventana de oportunidad para deshacer ese pésimo arreglo institucional que deriva de las complicidades entre gobierno y sindicatos que se dieron con el objeto de controlarlos y domesticar a los trabajadores. Si a eso le llaman “privatización”, los miembros del sindicato (o la CNTE) están completamente equivocados, pues se trata de la recuperación de la rectoría del Estado sobre la educación que es un derecho del pueblo y un mandato constitucional sobre el que no puede estar ninguna organización gremial.

Es del dominio público que los maestros repudian la evaluación y los mecanismos correctivos que traería como consecuencia, incluyendo la separación del maestro(a) que no cumpla con requisitos u obligaciones. También sabemos que los maestros en algunas regiones instauraron la “costumbre” de vender o heredar plazas, costumbre oscurantista y medieval, si las hay.

Todas estas demandas son reclamos reaccionarios contra la modernización de la educación y la consolidación de su carácter público. De hecho son una verdadera forma de privatización de la educación mediante la cual el sindicato y sus agremiados se convierten en sus propietarios privados. Estas demandas atentan contra el derecho humano de los escolares a una educación de calidad.

No obstante, este no es el único asedio reaccionario contra la educación. De hecho puede decirse que es resultado del rezago en que gobiernos cómplices de esta y otras formas de privatización sumieron a la educación, especialmente la educación básica. La combinación de pobreza, marginación y mala educación es un trinomio característico de nuestra historia. Un pueblo con baja instrucción y poco acceso a los servicios (de mala calidad) es un pueblo sumiso. Mejor: es un pueblo del que no puede emerger una ciudadanía moderna y participativa en la construcción del país. Un pueblo sumiso y una ciudadanía “de (muy) baja intensidad” convienen a las capas que se hacen, así, más fácilmente del poder de controlar el orden y la dirección de la sociedad.

Es patente que la reforma constitucional por la calidad de la educación es un paso en la dirección correcta. Pero este proceso no se consumaría adecuadamente si no se produce un desprendimiento entre el sindicato y el Estado para que cada uno atienda la función que le corresponde. Al primero la organización y los intereses de sus agremiados, al segundo producir los bienes públicos de la educación y los asociados a facilitarlo.

También va en la dirección correcta la reforma en el sentido de romper la idea, sostenida durante largo tiempo por los gobernantes, de que teníamos educación y que el Estado cumplía con su obligación de otorgarla. Esto no fue más que una farsa, por lo menos desde los años 50 del siglo pasado.

Romper con las demandas y las inercias reaccionarias es una obligación de la sociedad para entrar a la sociedad del conocimiento y vencer la postración educativa de más de la mitad de la población.

@Pacovaldesu

Director de Flacso sede México



Editorial EL UNIVERSAL El riesgo de violencia


PUBLICIDAD