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Alfonso Zárate

La reforma hacendaria

Alfonso Zárate Flores, director general de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C. (GCI), es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho ...

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04 de abril de 2013

Para Bernardo Barranco, con un abrazo solidario

En México, casi la mitad de la población (48.8%) vive en condiciones de pobreza y 13 millones en pobreza extrema. Pero esto no parece perturbar al grueso de la clase gobernante que a lo largo de muchas décadas ha malgastado y, en ocasiones, saqueado la hacienda pública. Las condiciones de abandono que prevalecen en vastas regiones de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz, por citar los casos extremos, constituyen la evidencia más dura de la añeja irresponsabilidad gubernamental.

Y, para colmo, el sistema hacendario, que debiera ser un instrumento para dotar a las finanzas públicas de los recursos necesarios para atender las prioridades sociales y construir un mejor país, presenta contrahechuras inadmisibles: se recauda poco y mal. Durante muchas décadas la renta petrolera ocultó la precariedad del sistema tributario mexicano, pero ahora, sin la posibilidad de “ordeñar” a Pemex como antaño, la reforma hacendaria es un imperativo.

No creo que exista un país en el que el gobierno disponga de suficientes recursos para atender las necesidades de sus ciudadanos o para impulsar los proyectos de su clase gobernante, baste observar el déficit del gobierno norteamericano. Pero en México la distancia entre los recursos públicos y las necesidades de la población es mayúscula. Y algo que acentúa la gravedad es que se malgasten los escasos recursos con tanta torpeza y con tan poca probidad: todos los días los medios de comunicación informan sobre los privilegios que, sin recato alguno, se autoasignan los funcionarios de los tres Poderes y de los tres órdenes de gobierno. La austeridad y el manejo escrupuloso de los dineros de los contribuyentes son verdaderas excepciones en nuestra clase política.

La Constitución establece en su artículo 31 que es obligación de los mexicanos: “IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” Sin embargo, los grandes corporativos, aquellos que tienen enormes ingresos y utilidades fabulosas, pagan especialistas en “ingeniería fiscal” o contratan abogados que litiguen contra el SAT, para evitar contribuir “de manera proporcional y equitativa” a los gastos públicos.

La reforma hacendaria es impostergable. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha dicho que la viabilidad de 50% de los compromisos suscritos en el Pacto por México depende de la reforma hacendaria, entre ellos el acceso universal a los servicios de salud, la puesta al día del sistema educativo, el seguro de desempleo y el sistema nacional de combate a la pobreza. Pero, con frecuencia, la reflexión sobre los contenidos de esta reforma suele limitarse a la aplicación del IVA a medicinas y alimentos.

La reforma que hace falta para atender los reclamos sociales y detonar el crecimiento, reclama la decisión del titular del Ejecutivo y de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, de afectar poderosos intereses que por décadas se han beneficiado de leyes claramente inconstitucionales en unos casos o inmorales en otros y que han hecho posible: 1) la consolidación fiscal por medio de la cual poderosos grupos empresariales eluden el impuesto sobre la renta; 2) las devoluciones que cada año decreta la SHCP y que benefician a unos cuantos; 3) los regímenes especiales de los que gozan varias ramas de la actividad económica; y 4) la cancelación de créditos fiscales a partir de facultades legales pero indebidas de la autoridad hacendaria.

Uno de los ejemplos más graves del desfalco legalizado es el que se tiene en el sector minero. No en balde, en los últimos años algunos personajes de ese sector aparecen en las listas de Forbes de los multimillonarios en dólares, como Germán Larrea, de Grupo México, cuya fortuna es la tercera más grande en el país, estimada en unos 16 mil 700 millones de dólares, y la 40 en la lista internacional.

Al diseño perverso de las leyes se agrega la tolerancia de las autoridades respecto a prácticas ilegales: el comercio informal y lo que conlleva: la piratería y el contrabando, que afectan severamente al sector productivo y no pagan impuestos. La reforma hacendaria que reclamamos debe ser de gran calado y cerrar esos resquicios que hoy favorecen el despojo de los recursos públicos para el enriquecimiento de una “camalada” de empresarios y sus asociados.

 

@alfonsozarate
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario



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