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Ricardo Raphael

La expresión de los otros

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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11 de marzo de 2013

Pocas resoluciones de la SCJN han despertado tanto encono en las redes sociales como la emitida la semana pasada por la Primera Sala. Vale recuperar aquí algunas de las expresiones arrojadas al ciberespacio: “SCJN se pone a prohibir q a las caricaturas de mujer se les llame maricón o puñal” (@Teresa y Punto!). “SCJN censura las palabras maricón y puñal. ¡Qué putos!” (@Lex Sánchez). “Ya nada más falta que no podamos decirle Godínez a los oficinistas” (@Soyeldelavatar). “Pinches jotos maricones mayolos puñalones de la SCJN” (@Mars).

La disputa surge por un asunto donde un profesional de los medios de comunicación en el estado de Puebla se asumió ofendido porque, en una columna periodística, otro lo llamó “maricón” y “puñal.” Antes de que el ministro Arturo Zaldívar redactara su proyecto de resolución, las instancias jurisdiccionales previas habían desestimado la queja argumentando que la libertad de expresión es un valor superior a otros, tales como la defensa del honor o la dignidad de la persona.

Pero esta vez la interpretación del juez utilizó razonamientos distintos: no solo importa la vejación al honor del quejoso sino también el discurso discriminatorio y/o de odio que se utilice para cometerla; discurso definido como aquel que contiene “una incitación, promoción o justificación de intolerancia […] ya sea mediante términos abiertamente hostiles […] o a través de palabras burlescas”.

Las críticas han llovido sobre los ministros porque, en efecto, con esta resolución hicieron avanzar los referentes para interpretar hechos o situaciones donde la libertad de expresión se confronta con otros derechos o libertades, también inscritos en la Constitución.

No sobra recordar que, en 2010, la misma Sala había establecido que los jueces no debían privilegiar “un determinado criterio de decencia, estética o decoro respecto a las expresiones que podrían ser bien recibidas, ya que no existen parámetros uniformemente aceptados para delimitar el contendido de tales categorías”. En otras palabras, se asumía que ni los jueces ni las autoridades debían valorar el contenido de las expresiones emitidas por la sociedad porque ello significaría la imposición de un discurso moral sobre otros. Luego, el Estado debía mantenerse neutro ante la disputa de todas las expresiones.

En contraste, la nueva interpretación se despega a partir de tres argumentos interesantes: 1) las expresiones ofensivas y oprobiosas que juegan en contra del honor de las personas pueden ser limitadas por el Estado si actualizan una absoluta vejación, ya que esta forma de libertad no está protegida por la Constitución; 2) el respeto al honor de las personas se coloca como límite a la libertad de expresión cuando las expresiones se refieran a estigmas o prejuicios utilizados en contra de grupos sociales regularmente discriminados, y, 3) las expresiones homófobas han ser consideradas dentro de la categoría de manifestaciones discriminatorias y también como discurso de odio que incita a la violencia.

La Primera Sala concluye: “aquellas expresiones en las cuales exista una referencia a la homosexualidad, no como una opción sexual (válida) […] sino como una condición de inferioridad o de exclusión, constituyen manifestaciones discriminatorias”.

Sin duda, la libertad de expresión es condición esencial para la vida democrática pero no puede colocarse como si fuera su único contenido. Constituye, por tanto, un desafío procurar que su ejercicio sea armónico con el resto de los valores que inspiran a las sociedades plurales y abiertas.

Entre tales valores referidos se halla obviamente la igualación en el uso de la libertad de expresión: si solo unos cuantos son escuchados, tal potestad termina siendo excluyente. Por ello el Estado debe combatir aquellos discursos que, mediante el odio y la discriminación, han asegurado injusta y sistemáticamente el silencio sobre grupos diversos de personas.

Como diría el jurista Owen Fiss: el Estado no puede mantenerse neutro frente a la libertad de expresión cuando al hacerlo perpetua condiciones asimétricas para su ejercicio. Si a partir del discurso discriminatorio se disminuye o anula el valor a la voz de ciertas personas pertenecientes a grupos regularmente vulnerados, la autoridad debe hacer que esa voz obtenga mejores condiciones para ser escuchada. Tienen razón los ministros: no se trata solo de limitar la expresión de unos, sino de otorgarle potencia a la expresión de los otros.

Analista político



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