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Ricardo Raphael

Riesgo de mascarada

Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela ...

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04 de marzo de 2013

Me temo que la promulgación de la reforma constitucional educativa y el arresto de la líder magisterial, Elba Esther Gordillo, sean hechos insuficientes. Peor aun, que ambos terminen encubriendo una simulación. No se trata de descontento crónico de mi parte, sino de una preocupación fundada que al día de hoy es difícil despejar; aquí los argumentos.

La modificación al texto constitucional de poco ayudará si ésta no se ve acompañada de una cirugía mayor a la ley secundaria. Por más que en los artículos tercero y 73 de la Constitución se prometa la profesionalización del magisterio o la evaluación autónoma y rigurosa al conjunto del sistema educativo, ese carro no tendrá rieles hasta que le Ley General de Educación defina los cómos en ambos temas.

Preocupa en este contexto el canto de victoria que gobierno y partidos traen metido entre sus cuerdas, cuando tienen pendiente (calculo) más de dos tercios de su tarea. Mientras la Ley General de Educación permanezca intocada, los sistemas nacional de evaluación y de profesionalización docente dormitarán en la geometría de los buenos deseos, y muy lejos estarán de la realidad cotidiana de las escuelas.

A propósito de este contexto alarman las pocas nueces que el gobierno ha compartido con la sociedad sobre su propuesta de reforma a la ley secundaria. Como mal presagio se suman las declaraciones de algunos políticos, como Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, quien recientemente advirtió que no hay prisa para resolver los pendientes aquí descritos.

Por otro lado, sin demeritar la importancia que para el sistema político tiene la ruptura con la señora Gordillo, también en ello hay fundamento para temer una fuga que distancie de lo fundamental.

Juan Díaz de la Torre es el nuevo presidente del consejo general sindical para el fortalecimiento de la educación pública del SNTE. Con este nombramiento sustituyó a su mentora. Al mismo tiempo mantuvo para sí el cargo de secretario general de la organización, a pesar de que los estatutos respectivos no prevén la posibilidad de acumular ambos cargos. Es sin duda un hombre de poder.

Díaz lleva toda su vida política creciendo a la sombra de la maestra; entre los dos no ha habido jamás ruptura como sí la hubo en su día entre Jonguitud y su discípula. En el pasado, este líder tuvo responsabilidad sobre las finanzas del sindicato, fue secretario particular de la ex dirigente, fue operador y cabeza destacada en la fundación del Panal y, por lo menos hasta el martes pasado, era escudero fiel de la señora.

Cabe aclarar aquí que este hombre fue ungido por la misma estructura política que, en el congreso de octubre del año pasado, ratificara a Gordillo como máxima dirigente del SNTE. En otras palabras, Díaz no obtuvo su último mandato gracias al voto de nuevos concejales electos en los congresos de cada sección; al contrario, la base de legitimidad del líder emergente es exactamente la misma que hace solo seis días apoyaba —al grito de ¡Elba, Elba!— las extravagancias de la mujer que hoy se halla en desgracia. Vino viejo procurado en odres también viejos.

¿En qué se diferencian Díaz y Gordillo? El primero lo explicó nítidamente el día que tomó posesión: “Convoco […] a mantener nuestra estrategia por la preservación de los derechos adquiridos […] pero sin estridencias y sin protagonismos…”. Él no representa la claudicación del discurso caudillista, solo un cambio calculado en el tono. Una mudanza en la manera de dirigirse hacia el poder —acaso menos grave— no tanto por convicción sino debido a una guadaña de mortales filos judiciales que pesa también sobre su cabeza. Amenaza que, en simultáneo, le convierte en un representante débil a la hora de defender los derechos de los profesores.

Más vale ponerse alerta porque en una de esas los firmantes del Pacto por México concluyen sacrificando lo más por lo menos. Escándalo y pirotecnia aparte, lo esencial sigue todavía sin resolverse. La reforma secundaria en materia educativa es tanto o más relevante que la constitucional y la caída en desgracia de una líder no alcanza para modificar las condiciones que durante casi setenta años han expropiado derechos y democracia dentro del gremio magisterial.

 

Analista político



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